­El Consell de Govern aprobó ayer un techo máximo de gasto no financiero para el próximo año de 3.479 millones de euros, lo que supone 130 millones más que este año. Esta será la cantidad con la que se elaborarán los presupuestos de la Comunidad para 2016, que incluirán un aumento de ingresos previsto de 191 millones de euros por impuestos y lucha contra el fraude fiscal, según explicaron el conseller de Presidencia y la consellera de Hacienda, Marc Pons y Catalina Cladera.

La titular de Hacienda precisó que de los 191 millones, aproximadamente 120 procederán de la ecotasa y la subida de impuestos cedidos (IRPF, Transmisiones Patrimoniales y Sucesiones y Donaciones) para las rentas altas y los 71 millones restantes procederán del afloramiento de fraude fiscal por la puesta en marcha de un plan antifraude y una mayor recaudación por la mejora de la economía. Además, el Govern prepara un impuesto sobre las grandes superficies comerciales que, si bien en un principio la consellera incluyó en los 120 millones de euros, posteriormente el Ejecutivo precisó que este nuevo tributo todavía no estaba cerrado.

Cladera eludió dar detalles respecto a cómo se aplicará finalmente la ecotasa o en qué consistirá el nuevo impuesto sobre las grandes superficies argumentando que todavía no estaba concretado, a pesar de haber hecho el cálculo para fijar el techo de gasto no financiero. Añadió que las nuevas figuras fiscales se aplicarán "lo antes posible" y que cuando en dos meses se presente el proyecto de presupuestos estará ya claro en qué consistirán. En cuanto a la cifra total de los presupuestos, explicó que el Govern prevé que asciendan a unos 4.200 millones de euros.

El techo de gasto del Govern se aprobó bajo el escenario de un marco económico de crecimiento según el cual el Ejecutivo prevé que el PIB aumente en un 3% el próximo año. A partir de ahí, prevé contar con 3.222 millones de euros por ingresos no financieros (tributos, financiación autonómica, fondos finalistas y fondos europeos), 1170 millones por el ajuste por contabilidad presupuestaria, y 87 millones por los ingresos derivados del margen de déficit del 0,3 % fijado por el Gobierno central para las comunidades autónomas.

Cladera insistió en la necesidad de aumentar este déficit, una cuestión que el Govern seguirá reivindicando a pesar de la negativa que recibió la presidenta Francina Armengol de Mariano Rajoy. La consellera precisó que con un 0,3% de déficit permitido, el Govern sólo tiene margen para actuar con la creación de tributos propios como la ecotasa y en los tributos cedidos, con los que prevé incrementar la recaudación por la mejora del "ciclo económico" y "las medidas para aumentar la progresividad fiscal".

Desde 2012, con la ley estatal de estabilidad presupuestaria, las comunidades autónomas han de aprobar un límite máximo de gasto no financiero, que ha de ceñirse al objetivo de déficit, y que marca el techo para la asignación de recursos en los presupuestos autonómicos. Además, en caso de incumplimiento del objetivo de déficit, algo que ya ocurrió el pasado año y que se repetirá en este ejercicio, el Govern debe aprobar un plan de equilibrio financiero específico que el Ejecutivo Balear plantea que sea "cuatrienal, de tal modo que se pueda cumplir en tres o cuatro años" y no en uno.

Refugiados

Por otro lado, el conseller de Presidencia anunció que el Govern está ya preparando un plan con los consells y ayuntamientos con el fin de recibir refugiados cuando la UE fije los criterios de acogida. Pons recordó que Armengol ya se puso en su reunión con Rajoy "a disposición del Gobierno de España para recibir refugiados" y precisó si los criterios de reparto se basan en la población, Balears acogería al 2,5% de los refugiados que recibiera España.

Además, el Consell de Govern aprobó la modificación de los estatutos del SOIB, por los que el director general de Ocupación, Llorenç Pou, asumirá la dirección y nombrará a un gerente que "no será considerado un alto cargo". Junto a ello, el Govern nombró a Bartomeu Morro gerente del IDI; a Pere Fuster, gerente de la Fundació BIT y a María Tugores, directora de la Escola d´Hoteleria.