La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha abierto un expediente sancionador contra la federación balear del transporte y 16 empresas del sector, a las que acusa de pactar precios, reparto de mercado e intercambio de información comercialmente sensible. Mientras que desde la patronal se defiende su inocencia, desde los sindicatos se admite que la noticia no les ha sorprendido porque "se trata de un sector que reúne todos los ingredientes para que se den irregularidades".
Según el comunicado emitido ayer por Competencia, en abril del pasado año este organismo realizó inspecciones en las sedes de la citada federación balear y de las empresas Roig Bus, Transacobo y Transunión Mallorca, tras las que se detectaron "indicios racionales" de la comisión de una infracción prohibida en la normativa vigente por posibles prácticas anticompetitivas, como son las antes señaladas de "la fijación de precios, el reparto del mercado y el intercambio de información comercialmente sensible en el transporte de viajeros por carretera, tanto de carácter regular como discrecional, en Balears".
A partir de este momento, se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción del citado expediente sancionador y para su resolución, sin que con ello se prejuzgue el resultado final de la investigación.
Como se ha indicado, además de la patronal del transporte se ha abierto expediente a 16 empresas de autocares, entre las que se encuentran algunas de las más importantes de las islas. Este listado incluye a las ya mencionadas Transunión Mallorca, Roig Bus y Transacobo, a las que se suman Ultramar Express, San Antonio, Alcas, Alorda, Caldentey, Levante, Norte, Pujol Palmer, Rafael Nadal, Roca, Ibizatours & Islandbus, José Canovas, y Emilio Seco.
Reacción de la patronal
El gerente de la federación balear de transporte, Salvador Servera, se limitó ayer a defender la inocencia de esta organización empresarial, y admitió que pocos comentarios más se podían hacer a día de ayer dado que Competencia no había hecho llegar todavía al expediente abierto contra esta patronal y buena parte de las empresas que representa. "Respetamos la actuación que en este tema ha tenido la Comisión de la Competencia, pero no la compartimos", añadió.
La reacción del sindicato más representativo de este sector es radicalmente diferente. Según el secretario general de la federación de CCOO que representa al transporte, Josep Ginard, lo sucedido "no nos sorprende", por considerar que son numerosas las situaciones que se viven en su seno que favorecen la comisión de irregularidades, y entre ellas cita el de las subcontrataciones que se producen a la hora de realizar los traslados de turistas entre los aeropuertos de las islas y los hoteles, que "siempre recaen sobre las mismas empresas".
Ginard apunta que los fuertes incrementos que durante los últimos años se han registrado en la llegada de turistas a las islas se ha afrontado, en el caso de los citados traslados, mediante la subcontratación de empresas, "y si éstas no cumplen el convenio colectivo del sector, todo el mundo mira hacia otro lado", lamenta el representante sindical.
En este sentido, Josep Ginard hace especial hincapié en que "salvo algunas honrosas excepciones, el expediente de Competencia afecta a casi todo el sector", lo que en su opinión es un indició de la gravedad de las prácticas detectadas.
El responsable sindical admite su preocupación ante el hecho de que "si finalmente se demuestra que se ha vulnerado la legalidad, las sanciones pueden ser muy importantes y ya veremos si algunas de estas empresas las pueden afrontar", con el riesgo que ello supone para el mantenimiento de los puestos de trabajo.
Además, el dirigente de CCOO apunta que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia ha abierto el citado expediente por presuntas prácticas irregulares al sector empresarial que más quejas ha formulado durante los últimos años contra la 'piratería' y la competencia desleal existente, especialmente en el caso de los traslados de los turistas.
Estas denuncias han sido una constante y han sido formuladas ante el Govern tanto por la citada federación de transportistas como desde las asociaciones de taxistas.
La queja fundamental ha girado en torno a la actuación de vehículos que, sin contar con la licencia pertinente, han estado participando en el traslado de los visitantes, especialmente en el caso de los aeropuertos isleños. En este grupo se ha señalado la participación de turismos y de furgonetas.
Pero además, desde la asociación de autónomos del taxi se denunció recientemente que empresas legales de minibuses también estaban desarrollando prácticas irregulares en la captación de clientes en Son Sant Joan, en algunos casos utilizando la palabra "taxi" en su comercialización.
Desde la propia CCOO se estimó que uno de cada tres traslados desde Son Sant Joan se podía estar realizando de forma irregular, una tasa que según Ginard ha sido muy superior en el caso de la isla de Eivissa.
Este sindicato ha venido denunciando también la guerra de precios a la baja que se abrió en el sector y la aparición de empresas de bajo coste que para competir se crearon por parte de algunas de las compañías de autocares ya implantadas en el archipiélago.
