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Caso Peaje

La Audiencia apunta a que en la carretera de Manacor se pagaron sobornos

El celador de obras de la autovía acusa a la UTE constructora de intentar colar 17 millones de euros al Consell con facturas falsas

La cúpula de UM durante la inauguración de un tramo de la autovía. B. Ramon

Los casi 42 millones de sobrecostes de la autovía de Palma a Manacor, construida por el Consell de Mallorca en la época de Unió Mallorquina (UM), pudieron encubrir las comisiones y sobornos pagados por los adjudicatarios a los políticos, según apunta la sección segunda de la Audiencia en un reciente auto donde confirma que el caso será juzgado por un tribunal popular. De forma paralela, uno de los principales imputados, el excelador de obras Gabriel Mestre, reconoció que la UTE constructora de la autovía trató de colar al Consell 17 millones de euros con facturas falsas, duplicadas y hasta triplicadas.

Las sospechas de que en el caso Peaje, cuya instrucción se dio por terminada hace meses, hubo más presuntos sobornos que los cientos de miles de euros en obras gratis hechas por la UTE a la cúpula de Carreteras del Consell entre 2003 y 2007, han vuelto a la luz tras el último auto de la Audiencia.

La tesis de la sala segunda es que, con ocasión del desdoblamiento de la vieja carretera de Palma a Manacor para convertirla en autovía, se produjo un fraude millonario al Consell, que deberá juzgar un tribunal popular.

El presunto desvío de fondos se habría materializado mediante sobornos y regalos de trabajos en viviendas particulares de imputados, aunque se disfrazasen como si fueran para la carretera, y de obras para la vía no efectuadas.

Precio final

Según los magistrados, el Consell se resintió por estas prácticas, dado que el coste de las obras (una parte, junto al canon anual por el tráfico de vehículos) del peaje en la sombra creció.

La conclusión de la sala segunda es que el precio final de la autovía se vio alterado por esas irregularidades.

En relación al posible sobrecoste de casi 42 millones de euros que el Consell y la fiscalía anticorrupción reclaman, la Audiencia recuerda que Gabriel Mestre reconoció que la UTE adjudicataria "pretendió facturar obras por importe de 17 millones de euros, (obras) que no se habrían realizado o se facturaban hasta por triplicado".

La acusación particular en nombre del Consell de Mallorca en el caso Peaje reclama a la Audiencia de Palma que obligue a la concesionaria de la autovía de Palma a Manacor, una vía de peaje en la sombra financiada por esa institución, a cobrar un 25% menos de canon. Según la entidad insular, la concesionaria, Pamasa (Carretera Palma-Manacor S.A.) invirtió en las obras casi 42 millones de euros menos de los 145,5 millones en que la cúpula de Carreteras de la época de UM y la propia empresa valoraron los trabajos.

El Consell quiere aprovechar la vía penal para resolver un grave problema económico que tiene con Pamasa, ya que ésta le reclama en la jurisdicción contencioso-administrativa un incremento del canon del 37,7%. Este recurso ha sido dejado en suspenso en tanto no se acabe la vía penal.

La Administración ha pedido que la concesionaria sea declarada responsable civil subsidiaria de los delitos que se atribuyen a la antigua cúpula de Carreteras, a los mandos de la UTE que amplió la carretera de Palma a Manacor, así como a subcontratas de ésta y empresarios vecinos de la vía. Según la acusación particular, los acusados provocaron a la institución unos perjuicios de casi 20 millones de euros por ingresos indebidos de la UTE. El Consell solicita que Pamasa responda también de esos 20 millones de euros.

Informe interno

Pero la Administración insular va más lejos y, con base en un informe de un economista del departamento de Urbanismo y Territorio, postula que la UTE debe cobrar menos por la explotación y mantenimiento de la carretera a Manacor. Por eso se insta a la Audiencia a que corrija el canon anual que el Consell paga a Pamasa rebajándolo en un 24,77% a partir del actual año. Por el contrario, Pamasa pide que ese canon suba un 37,75%.

El caso Peaje va a ser juzgado por un jurado que dictaminará si se infló el coste de las obras son ciertas y, lo que parece más complicado, pronunciarse sobre la reducción o incremento del canon.

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