El miedo a la cárcel ha forzado a dos exaltos cargos del PP, la exconsellera Aina Castillo y el antiguo gerente del Ibsalut Sergio Bertrán, a dar la espalda a Jaume Matas, el dirigente conservador que les apoyó en su carrera política.
Castillo, que fue amiga, inquilina y compañera de Govern con Matas, ha oficializado su postura procesal y ha firmado un pacto de arrepentimiento con anticorrupción, como reveló ayer el fiscal Pedro Horrach.
Este acuerdo, ya intuido por la prensa y otros implicados, alarmó a los abogados de algunos imputados, entre ellos Juan Miguel Villar Mir y José Magán, dos de los integrantes del núcleo de poder en la constructora OHL, que pidieron explicaciones al respecto.
Los fiscales anticorrupción han investigado antes el caso Son Espases y ya han buscado algunas alianzas entre los implicados, entre ellos Castillo.
La exconsellera inculpa claramente al expresident Matas, con quien mantenía línea directa sobre el concurso de Son Espases. Bertrán habla de Matas por referencias, pero en líneas generales corrobora la versión de Castillo.
Sin embargo, hay importantes lagunas en esta historia, que los imputados que ayer declararon ante el juez José Castro no quieren aclarar.
Nadie se cree que la adjudicación a Dragados, dados los precedentes de OHL, fuera una decisión inocente y cándida de dos Colegios Profesionales, invitados de forma extemporánea a fallar un complejo concurso.
Tampoco resulta real que ninguno de los concursantes haya pagado comisiones por una obra pública de más de mil millones de presupuesto.
Castillo y Bertrán, que estaban en el ojo del huracán, no saben nada de sobornos millonarios. Por la cuenta que les trae su ignorancia.
Hay mucha amnesia selectiva en estas primeras declaraciones en sede judicial, que tratan de salvar los muebles para que no se los lleven los vientos huracanados de la lucha contra la corrupción.
