La Constitución, el Código Penal, el Estatuto de los Trabajadores, los convenios colectivos, y las normas académicas o las reguladoras de la publicidad, entre otros muchos textos legales, amparan a las víctimas de agresiones discriminatorias por razón de sexo, orientación sexual, ideología, etnia, raza, origen nacional, enfermedad o minusvalía.
Son muchos los ataques a los diferentes y a los débiles, pero no por ello tenemos que elaborar una ley específica para defender a cada uno de los colectivos, que ya cuentan con el marco legal común para todos los ciudadanos. Por otro lado, obligar al denunciado a que demuestre su no culpabilidad choca con la naturaleza del derecho administrativo sancionador, donde el expedientado goza de los derechos a la presunción de inocencia, presentar pruebas en su descargo y a que las multas estén debidamente fundamentadas y tipificadas. No se puede matar moscas a cañonazos, por muy buenas intenciones que se tengan. Trabajemos en la educación y dejemos a los tribunales los casos de discriminación.
