El panorama financiero de la Comunidad es cada vez más sombrío. A la carga de más de 8.000 millones de deuda acumulada durante tres decenios de autonomía se le suma ahora una amenaza imprevista: el Govern y los ciudadanos de las islas se juegan en los tribunales 409 millones de euros, que es la cifra en indemnizaciones, compensaciones y multas que se ciernen sobre las cuentas públicas como consecuencia de procesos judiciales abiertos. Lo detallan en la Abogacía de la Comunidad, el brazo legal del Govern, encargado ahora de hacer frente a las reclamaciones de empresas y particulares por causas tan diversas como expropiaciones, desacuerdos con adjudicaciones, facturas en litigio y compensaciones varias por mala gestión pública.
A ello se une una última fuente de preocupación, directamente relacionada con el anterior Govern, el del PP de José Ramón Bauzá: en su afán por recortar gastos en las empresas públicas, el Ejecutivo de Bauzá desencadenó un purga de trabajadores de empresas públicas que ahora se revela indiscriminada, al menos en lo legal, toda vez que los tribunales están considerando en la mayoría de casos improcedentes unos despidos que se zanjan con indemnizaciones y, en algunos casos, la readmisión forzosa del empleado irregularmente liquidado. El ahorro de gasto de ayer se convierte así en la indemnización de hoy.
Un agujero imprevisto
Con todo, son 409 millones de euros en reclamaciones contra la administración autonómica, tal como documenta la Abogacía y corroboran en la Sindicatura de Comptes, el órgano auditor de las cuentas públicas. ¿Qué parte de ese dinero acabará siendo de pago obligado por decisión judicial? Pues tanto en la Abogacía como en la Sindicatura coinciden en que es imposible calcularlo. Depende de cada caso y de la decisión de cada juez, dicen. Lo que más preocupa a los auditores y a los actuales gestores del Govern es que ni en el actual presupuesto ni en los de ejercicios anteriores hay dinero previsto para afrontar el riesgo que suponen unas reclamaciones capaces por sí solas de desestabilizar las cuentas públicas. Esos 409 millones, recuerdan en el Govern, dan para cubrir el presupuesto anual de varias conselleries, o incluso para pagar la actividad durante todo un curso de todos los centros educativos de las islas. No en vano, 409 millones son el 10% de los recursos públicos de una Comunidad ahogada por una deuda que no deja de crecer y limitada por unos objetivos de déficit que no puede cumplir.
¿De dónde saldrá el dinero si las sentencias son adversas? Pues de otras partidas, lamentan en el Govern. Y no es fácil en unas cuentas en las que el nuevo Ejecutivo de izquierdas ha encontrado deficiencias de bulto. Una de las más gruesas son los 80 millones de convenios de carreteras con el Estado que llevan años sin llegar desde Madrid, pero se han seguido presupuestando en Balears para cuadrar el presupuesto con unos ingresos ficticios, como ya denunció este diario. El dinero ficción es sin embargo un problema menor, en comparación con los gastos reales no presupuestados, un total de 262 millones en compromisos de pago del Govern, el IB-Salut y la UIB para los que el equipo de José Ramón Bauzá no reservó partida alguna. Son las llamadas "facturas en los cajones", una de esas tradiciones oscuras que pasan de Govern a Govern cada vez que hay relevo. Entre ingresos ficción y gastos no presupuestados, la factura suma 342 millones de euros, mucho dinero, al que se le une además la amenaza imprevista de esos 409 millones en litigio judicial.
Litigios en curso
La mayoría de ese dinero, 362 millones, son reclamaciones patrimoniales relacionadas con la ley de desarrollo territorial sostenible (ley 4/2008). Pero hay más. Por ejemplo otro regalo envenenado del presidente especializado en legados envenenados, Jaume Matas: sus polémicas autopistas en Eivissa le han acabado suponiendo al Govern reclamaciones de las empresas concesionarias por valor de 35 millones de euros. Además, los tribunales decidirán sobre 9,2 millones de otras demandas de responsabilidad patrimonial, además de otros 5,2 millones en expropiaciones públicas en disputa.
Los impagos del Govern también son fuente de conflicto judicial: en ese frente se batallan 5 millones en facturas pendientes del Govern y otros 6 que exigen proveedores del sistema sanitario público. La suma de 409 millones se completa con otros 17 millones en reclamaciones e indemnizaciones de todo tipo, una losa que amenaza las cuentas de una Comunidad a la que hace dos decenios que no le salen las cuentas.
