La ley balear del Derecho a la información anunciada por el Pacto entre PSOE, Més y Podemos tendrá como objeto "el acceso de los ciudadanos a toda la información del Govern, incluyendo la documental", según explicó Alberto Jarabo, líder de Podemos, partido que impulsa esta iniciativa.

Esta ley es una de las 26 medidas legislativas anunciadas por el Pacto la pasada semana para aprobarlas a lo largo de la legislatura. En concreto, los tres partidos acordaron la aprobación de una "ley del Derecho a la información en desarrollo del Estatuto para garantizar el acceso a una información independiente, veraz y plural". Jarabo precisó que "no se trata de la idea" lanzada por el líder nacional del partido, Pablo Iglesias, que afectaría a los medios de comunicación privados y que ha recibido críticas al considerar, desde algunos sectores, que escondería una ley 'mordaza'.

El secretario general de Podemos en Balears mostró su discrepancia con esta iniciativa de su partido estatal ya que "en España no ocurre como en otros países, en donde existe en la práctica un monopolio informativo", aunque sí está de acuerdo con la apuesta por los modelos públicos "plurales y de calidad".

En el caso de la futura ley balear no se entraría en estas cuestiones ni se dirigiría hacia los medios de comunicación privados, sino que se centraría en el ámbito de "la información que genera el Govern, con aspectos como el que los ciudadanos puedan acceder con facilidad a la documentación de las conselleries", por lo que "se trata de una ley que estaría muy vinculada a la de Transparencia", también prevista ente las 26 medidas legislativas del Pacto.

Añadió que "hasta ahora, en la práctica, solo los partidos a través de los grupos parlamentarios pueden pedir la documentación sobre determinados asuntos, en especial en las conselleries, algo que debería ser posible también para los ciudadanos, que tienen derecho al acceso a la información del Govern, más allá de la que ofrecen los medios de comunicación".

No obstante, precisó que se trata de una iniciativa que aún no se ha comenzado a analizar, ya que el derecho a la información está recogido en la Constitución y "habrá que ver si es competencia estatal y si se puede aportar algo desde la Comunidad Autónoma".