El nuevo Govern se enfrenta a un importante obstáculo para remover a docenas de funcionarios que ocupan puestos de dirección y elevada responsabilidad en la administración autonómica que en la anterior legislatura fueron ascendidos a dedo por el PP.
Una serie de sentencias complican a partir de ahora el relevo de estos funcionarios de sus plazas de libre designación (L o LD, en argot funcionarial), en las que desde siempre ha primado la afinidad del beneficiario con el partido en el poder. Los jueces censuran que un cambio de color político implique ceses de funcionarios de carrera "sin más", y estipulan que "la decisión ha de basarse en causas y razones objetivas que aconsejan y justifican ese cese". Esta suerte de blindaje de facto está provocando una honda preocupación entre los nuevos consellers y directores generales de PSOE y Més porque la mayoría de los jefes de servicio y de departamento que se han encontrado no son de su confianza, y están maniatados para relevarlos.
Por el momento solo ha sido posible destituir a algunos funcionarios que ocupaban plazas directivas en comisión de servicios -caso de la hermana del alcalde de Palma, José Hila, que tal y como adelantó este diario ahora es jefa de servicio del SOIB en la conselleria de Iago Negeruela-. La razón estriba en que no les es de aplicación la innovadora doctrina que rige para el resto de plazas de libre designación a las que se ha accedido por la vía del concurso de traslados.
Marcha atrás
La controversia interna en el nuevo Ejecutivo llega hasta el punto de que según fuentes sindicales la consellera de Administraciones Públicas, la socialista Catalina Cladera, ya ha echado para atrás propuestas de destitución de funcionarios afines al PP por no estar suficientemente acreditadas, como exigen ahora los jueces. Su Conselleria ha remitido una circular a todos sus homólogos advirtiéndoles de que "no tramitará los procedimientos de remoción que no cumplan" con el nuevo statu quo.
El STEI culpa de la problemática existente a la práctica abusiva de la digitación política en detrimento de una auténtica profesionalización de la administración autonómica, que el sindicato reclama cuanto antes.
En la citada circular, firmada hace unos días por la directora general de Función Pública, Vanessa Servera, se explica que "los últimos pronunciamientos judiciales" de lo Contencioso impiden que los funcionarios que ocupan un puesto de trabajo provisto por el procedimiento de la libre designación puedan ser destituidos a voluntad del político de turno, como si se trataran de asesores o personal eventual.
Por este motivo, Servera da instrucciones precisas: solo se autorizarán remociones de jefes de departamento, de servicio u otros puestos directivos de libre designación cuyas propuestas "expliciten con claridad y de forma suficiente los motivos de cese que desembocan en una pérdida de confianza". Asimismo, ésta "debe estar fundamentada en hechos que se puedan acreditar efectivamente, tanto en sede administrativa como judicial". En consecuencia, recalca la circular, las Conselleries deben aportar "medios de prueba admisibles en Derecho" que sustenten su pretensión de prescindir de los funcionarios en cuestión y sustituirles por otros afines ideológicamente con el nuevo Govern.
Los nuevos criterios no afectan a los puestos de secretario personal o chófer, ni tampoco a los adscritos a la Presidencia del Ejecutivo, ya que se entiende que todos ellos sí requieren un grado elevado de confianza con los responsables políticos a los que van ligados.
El caso de Lourdes Aguiló
Las dificultades sobrevenidas para el Govern tienen su origen en varios pleitos interpuestos por funcionarios que consideraban atropellados sus derechos tras la llegada de un nuevo gobierno, originando una cierta doctrina al respecto que frena actualmente las destituciones. Entre los recurrentes más significados está la exdiputada del PSOE Lourdes Aguiló, que demandó al Govern de José Ramón Bauzá cuando el 1 de julio de 2011 la destituyó como jefa del departamento de coordinación de los servicios jurídicos de las conselleries y los entes instrumentales, alegando "pérdida de confianza". Aguiló obtuvo esta plaza de libre designación con el Govern de Francesc Antich en 2008. A su sueldo hay que sumarle un complemento específico de 47.229 euros anuales. Con la remoción del PP, el plus se redujo a 21.471 euros.
El Tribunal Superior sentenció que Aguiló había sido "discriminada gravemente por razones ideológicas", y ordenó al Govern Bauzá su inmediata restitución en el puesto. El PP acató, pero posteriormente volvió a remover a la diputada socialista, esta vez fundamentando su resolución para evitar otro varapalo judicial. Aguiló volvió a denunciar al Ejecutivo; el fallo, del 8 de julio de este año, le da nuevamente la razón, y ha anulado su destitución como jefa de departamento. Al mismo tiempo, el caso de Aguiló crea un precedente que ahora debe gestionar el Pacto.
