El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha dictado una sentencia por la que obliga a que se valore de nuevo una de las ofertas para construir el hospital público de Son Espases, que fue rechazada por la mesa de contratación.
Se trata del proyecto que presentó, a través de una UTE, la empresa mallorquina Sampol Ingeniería y Obras. La compañía concurrió a la convocatoria con un proyecto que no superó el corte. Las empresas de valoración que contrató el Govern Matas para que evaluaran la calidad de las ofertas desestimaron la de Sampol al entender que no se acoplaba a las condiciones del concurso.
El empresario Gabriel Sampol acudió a los tribunales tras fracasar la reclamación presentada ante el Ib-Salut, en contra de la decisión del día 25 de julio de 2007 de rechazar su proyecto hospitalario. Solicitaba que se revisara de oficio la exclusión y al mismo tiempo reclamaba que se volvieran atrás todas las decisiones con respecto al hospital (en estos momentos ya construido y en funcionamiento) adoptadas desde el momento en el que se eliminó la participación de Sampol.
Este pleito fue inicialmente rechazado en primera instancia, por cuanto la juez entendió que la empresa recurría actos que ya eran firmes. Opinión distinta ha tenido la Sala de lo Contencioso, que entiende que el recurrente lleva razón en cuanto tiene derecho a que se justifique las circunstancias de fondo por las que su proyecto no pasó el corte inicial y fue rechazado. Dado que contra esta decisión judicial no cabe recurso, la administración sanitaria tendrá que volver a analizar los detalles técnicos de este proyecto y explicar las razones concretas, que no se hizo en su momento, por las que se rechazó que Sampol construyera Son Espases.
La aplicación de esta sentencia, según señalaron fuentes judiciales, es complicada, ya que el tribunal obliga a dar una explicación contundente y detallar las razones técnicas por las que el proyecto que presentó esta empresa mallorquina no podía llevarse a cabo.
Una de las razones que explicaba el Ib-Salut para rechazar este proyecto es que Sampol había variado "sustancialmente el proyecto". Y ello debido a que incluía la construcción y explotación de una planta adicional subterránea destinada a aparcamientos, implicando la obtención de ingresos de terceros por un importe superior al previsto por el resto de licitadores. Sobre esta cuestión, que también discutía la empresa porque entendía que se trataba de mejoras y no de modificaciones, los tribunales le dan la razón a la administración sanitaria. Los jueces entienden que en el pliego de cláusulas no se permitía que se presentaran ni variantes ni mejoras. Tanto las empresas contratadas para valorar las ofertas, como el informe del Consell Consultiu, señalaban que el proyecto de Sampol suponía "una variante de carácter esencial". Y ello debido a que se modificaba el apartado de ingresos que se debían percibir, alterando por tanto el modelo económico. La empresa insistía en que el rechazo a esta modificación afectaba al principio de igualdad, pero el tribunal lo rechaza porque considera que el proyecto no cumplía las reglas del juego en cuanto al modelo económico diseñado.
Gabriel Sampol, el propietario de esta empresa de ingeniería, ha sido uno de los testigos que han sido interrogados por la Policía y la fiscalía Anticorrupción en el marco de la investigación sobre el presunto amaño del concurso de Son Espases. El empresario ha defendido la calidad de su proyecto y ha explicado que fue Jaume Matas quien personalmente le comunicó que la mesa de contratación había excluido su oferta. Los investigadores cuestionan que el president pudiera disponer de esta información cuando teóricamente solo la manejaban los integrantes de la mesa de contratación.
A juicio de la fiscalía, este dato demostraría que el entonces president estaría dirigiendo en todo momento el proceso de adjudicación para que se diera el concurso a la empresa que previamente él había decidido.
