Suceden cosas que nunca antes habían sucedido. Muere gente que nunca antes se había muerto". El chiste que algunos atribuyen al gran payaso Popov, pero que pudo ser contado por algún remoto trovador popular, define a la perfección los primeros meses del Govern de izquierdas. Nos aseguran que ha llegado la renovación a la política, pero en realidad siguen apareciendo muertos en el armario. Iba a ser el Govern de los más capaces, pero los nombramientos de altos cargos siembran un reguero de dudas sobre la colocación de los aparatich del partido de turno y parientes para que cobren un sueldo público.
La primera piedra en la que ha tropezado el neonato Govern son los nombramientos de altos cargos y asesores. Mientras la derogación del TIL o de la Ley de Símbolos o la devolución de la asistencia sanitaria a los inmigrantes apenas han aguantado un día en los titulares, las personas elegidas para ocupar puestos de responsabilidad en el Ejecutivo están amargando la existencia a los partidos del nuevo pacto.
Al mismo tiempo que todo sigue igual, algo está cambiando, aunque solo sea para dar la razón al payaso. Lo que continúa como siempre es la colocación de la familia. La consellera de Salud contrata a su esposo. Carlos Delgado, a la sazón conseller de Turismo, hizo lo propio con su pareja. El conseller de Trabajo da empleo al hijo de Vicenç Thomàs, uno de los hombres más influyentes del aparato del PSOE, y asciende a una alta funcionaria que, casualmente, es hermana del alcalde de Palma. En anteriores etapas, familiares de Rosa Estarás o Catalina Cirer, también lograban trabajar entre protestas de los sindicatos.
Los asesores de los grupos políticos en el Parlament y en el Consell cobran su sueldo de estas instituciones, pero muchos de ellos en realidad trabajan para el partido. Solo así se explica que el PP haya elegido como asesores en el organismo insular a Jaume Crespí y Biel Matas. El colmo de los contratos perversos es el que le hizo Bauzá a Borja Rupérez como gerente de IB3. Una colocación que acabó en cuanto se esfumaron las posibilidades de vender la divina vinoteca presidencial al beneficiario de la digitación pública. La dimisión como asesor de Salud del número 3 de la lista socialista de Santanyí, con reconocimiento implícito de su incapacidad para el cargo, ennoblece a Jordan Thomas en la misma medida que hunde el prestigio de quien le nombró, su jefe de filas en las municipales y director del IB-Salut, Juli Fuster. Una renuncia que nunca se hubiese producido si Diario de Mallorca no hubiera desvelado el caso.
Los nombramientos efectuados por Més no ha hecho falta escrutarlos desde la oposición o los medios. Las críticas más feroces han llegado desde dentro del propio partido nacionalista.
Si casi todo sigue igual, ¿qué ha cambiado? Algo que no han entendido los políticos. Ni los de la casta ni los de la anticasta. Ni los de izquierdas ni los de derechas. Metidos en su burbuja, siguen sin comprender que los casi ocho años de crisis han sido -de hecho siguen siéndolo- muy duros para la mayoría de los ciudadanos. Quien no se ha quedado en el paro, ha visto reducido su sueldo o sobrevive con contratos precarios. Quien no ha perdido su vivienda, vive frustrado en la casa de sus padres o de alquiler.
Cuando los perros se ataban con longanizas, la sociedad española en general y la mallorquina en particular estaban dispuestas a mostrar una cierta manga ancha en los contratos de la Administración. Ahora no hay motivos para la condescendencia. Nunca un agosto se había dedicado a desmontar -y no precisamente desde la oposición, sino desde medios como Diario de Mallorca- una política de contrataciones de unas instituciones que aún no han cumplido los cien días de gracia que se les suelen conceder. Pero nunca la sensibilidad de los ciudadanos había estado tan a flor de piel en asuntos de privilegios para la clase política y sacrificios para el pueblo. Y si no se lo creen, pregunten al PP por sus resultados electorales.
