La lentitud histórica que padecen los juzgados de Mallorca también tiene sus repercusiones económicas. Y ello debido a que, a veces, el colapso que padecen las oficinas judiciales es tan profundo que no se puede dar respuesta a todas las demandas que se presentan. Aunque son muy pocas las ocasiones en que el Ministerio de Justicia reconoce la culpa, un pareja que reside en Mallorca ha conseguido ser indemnizada por los daños ocasionados a consecuencia de este colapso. Una indemnización que se cifra en 6.000 euros, muy lejos del dinero que exigían como perjudicados.
Estas dos personas presentaron una demanda ordinaria para reclamar un dinero no cobrado en el juzgado de primera instancia número 2 de Manacor. Se trataba de un juicio en el que los perjudicados pedían unas medidas cautelares para evitar que el moroso pudiera marcharse sin hacer frente a esta reclamación económica.
La demanda, debido al colapso y al retraso que padece la oficina judicial de Manacor, estuvo prácticamente paralizada durante un año desde que fue presentada hasta que fue admitida a trámite. Esta situación hizo imposible después localizar a los demandados y embargar su vivienda, tal como se había solicitado en el pleito, ya que se trataba de unos ciudadanos que se habían marchado a residir al extranjero.
Los perjudicados presentaron una reclamación económica, debido a los daños que había ocasionado este retraso judicial, ante el Ministerio de Justicia, administración de la que dependen todos los juzgados. Por delegación del ministro del ramo, el secretario de Estado de Justicia dictó una resolución, en la que se estimaba parcialmente la demanda que habían presentado los perjudicados, que exigían una indemnización económica de 231.000 euros. El representante del Ministerio reconoció la culpa del funcionamiento de la administración judicial y que debido a las dilaciones indebidas merecían una indemnización que fijó en 6.000 euros.
Los perjudicados no se mostraron conformes con esta indemnización y presentaron una demanda ante la Audiencia Nacional.
El tribunal ha dado la razón al Gobierno, porque entiende que 6.000 euros es la cifra adecuada por el daño que ha cometido el juzgado de Manacor al no tramitar debidamente esta demanda económica. La Sala rechaza pagar una indemnización por el daño moral ocasionado.
