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Turismo

Una sentencia obliga al Govern a revisar las multas a los apartamentos turísticos

Un juzgado acusa a Turismo de vulnerar el derecho constitucional a la defensa al notificar la apertura del expediente en el piso que se alquila y no en el del dueño

El auge de los apartamentos de alquiler en las zonas turísticas ha ido acompañado de un aumento de las inspecciones. I. Sutorras

El juzgado Contencioso Administrativo número 2 de Palma acaba de emitir una sentencia que deja heridos de gravedad numerosos expedientes sancionadores abiertos durante los últimos años por la conselleria de Turismo contra los apartamentos que se alquilan a visitantes, al considerar que en el procedimiento empleado se ha podido vulnerar el derecho constitucional a la defensa. El agravante, según el abogado José Antonio Fernández de Alarcón, es que el citado departamento autonómico fue advertido hace ya mucho tiempo de que estaba cometiendo graves errores en el sistema de notificación de los expedientes que abría. La nueva directora general de Turismo, Pilar Carbonell, ya ha anunciado que se va a revisar el procedimiento que se ha estado empleando para poner fin a cualquier deficiencia que se haya podido producir.

El problema radica, según apunta este letrado de la firma Monlex, en que la Conselleria ha estado remitiendo a los pisos que se estaban alquilando las notificaciones de la apertura del expediente sancionador, y no a la vivienda habitual de los propietarios. Eso supone que en la mayoría de los casos no se localizaba al titular del inmueble, por lo que se hacía constar que éste se encontraba ausente. Hay que tener en cuenta que una gran parte de estos avisos se envían cuando la temporada turística ya ha concluido.

Al no encontrar en esos apartamentos al propietario, se optaba por publicar en el Boletín Oficial de Balears el citado aviso, y dado que éste no es consultado por la mayoría de los ciudadanos, el titular del piso en alquiler se enteraba de que había sido sancionado cuando recibía la comunicación de que la Agencia Tributaria le iba a embargar alguna cuenta corriente para cobrar así la multa correspondiente. Solo que en este caso esta última comunicación sí llegaba a la vivienda habitual del afectado, lo que refleja que se podía obtener esa dirección.

La sentencia, del pasado 27 de julio considera que la Conselleria no hizo ningún intento por encontrar en su residencia habitual al propietario al que se quería sancionar y al no recibir en persona la correspondiente comunicación "le han causado la lesión constitucionalmente relevante de los derechos invocados, por lo que procede conceder el amparo, con la correspondiente declaración de nulidad de las resoluciones administrativas impugnadas". Y la anulación del expediente sancionador se produce pese a que se reconoce también que, en este caso, la propiedad del inmueble en ningún momento negó que ciertamente la estaba alquilando a turistas.

En la sentencia se recuerda igualmente que los propietarios de la citada vivienda (en este caso una pareja de jubilados que estuvieron representados por la abogada Carolina Ruiz) habían notificado años atrás al ayuntamiento de Andratx que dejaban de residir en este municipio, y a pesar de ello las comunicaciones antes señaladas se les siguieron enviando a esta población.

Un aspecto a tener en cuenta es que al pretender la Conselleria aplicar una sanción inferior a los 30.000 euros, esta sentencia no puede ser recurrida, por lo que la anulación del expediente sancionador es definitiva.

Según José Antonio Fernández de Alarcón, situaciones como la aquí descrita han sido habituales durante los últimos años, y ello a pesar de que este letrado ya comunicó al citado departamento autonómico que estaba actuando de forma incorrecta con este tipo de procedimiento. Eso supone que muchísimos propietarios de apartamentos turísticos que están siendo objeto de un procedimiento sancionador podrán recurrir ahora para evitar el tener que abonar ninguna multa. Hay que recordar que la legislación balear no permite el alquiler turístico de viviendas plurifamiliares -solo contempla la de unifamiliares- y que los controles aplicados en esta materia se han intensificado.

Muchos expedientes afectados

Según el abogado de Monlex, hay muchas personas expedientadas que aún están a tiempo de recurrir este procedimiento, y augura que tras esta sentencia serán muchos los expedientes que pueden verse también anulados, aunque en otros casos ya no habrá marcha atrás por haberse superado los plazos para presentar el correspondiente recurso. Y todo ello incluso aunque se trate de propietarios que realmente tenían su apartamento alquilado a turistas, dado que en esta sentencia se admite que los afectados no negaron nunca los hechos, y que el problema radica en que se vulneraron sus derechos constitucionales.

Un factor para estimar el alcance de este problema es que Turismo intensificó durante la pasada legislatura, con Govern del PP, las inspecciones sobre las viviendas en alquiler, de la mano de las denuncias que venían presentado las organizaciones hoteleras, bajo el argumento de que se estaban enfrentando a una competencia desleal.

En opinión de Fernández de Alarcón, esta sentencia va a obligar a la Conselleria a modificar su forma de actuar en estos casos. De momento, la nueva directora general de Turismo, Pilar Carbonell, ya ha confirmado que se va a revisar todo el procedimiento empleado por su departamento para poner fin a cualquier deficiencia que se pueda registrar.

Intercambio de información

Pero además, Carbonell no ocultó que el intercambio de información entre la conselleria de Turismo y otras Administraciones ha sido nulo en este tipo de asuntos durante los últimos años, y en este sentido aseguró que se van poner en marcha estos contactos para ganar en efectividad.

Pilar Carbonell no ocultó que su departamento cuenta con los datos de muchos inmuebles que se alquilan, pero que para obtener los correspondientes a las viviendas habituales de los propietarios se hace necesaria esa comunicación con otras Administraciones, como se refleja en el hecho de que en el caso de la sentencia antes señalada, la Agencia Tributaria sí remitió correctamente el aviso de que se iba a proceder a embargar las cuentas corrientes para cobrar así la sanción que reclamaba el Govern balear.

Hay que recordar que la directora general ya reconoció recientemente la situación de colapso que se vive en el servicio de Inspección de Turismo, y que en breve se van a aplicar medidas para remediarlo.

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