Treinta y dos inspectores de trabajo procedentes del resto de España van a venir a Balears para reforzar la plantilla de las islas y poner en marcha un plan contra la explotación laboral que no tiene precedentes en ninguna otra comunidad autónoma, tal y como se ocupó de destacar la presidenta del Govern, Francina Armengol. Durante seis semanas y a partir del próximo día 17, se van a desarrollar en Balears más de 1.300 controles con un objetivo fundamental: hacer frente a los fraudes que se comenten, de manera principal, en la contratación temporal y a tiempo parcial.
Armengol y el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, presentaron ayer una de las iniciativas 'estrella' del nuevo Govern. Tal y como recordó este último, la Inspección de Trabajo cuenta en Balears con una plantilla estable de 48 personas, que ahora se va a ver reforzada con 32 inspectores llegados de otras zonas de España, cuyos gastos de desplazamiento, alojamiento y movilidad por el interior del archipiélago serán cubiertos por el Govern, con un presupuesto de 200.000 euros, mientras que sus retribuciones correrán a cargo del Estado, del que depende la inspección laboral.
El conseller señaló que no se han marcado objetivos dependiendo del sector económico, sino del perfil de cada empresa, tras realizar un cruce entre los datos de que dispone la Seguridad Social y el servicio balear de empleo (Soib), con el fin de detectar a aquellas en las que tenga un mayor peso su plantilla contratada de forma temporal o a tiempo parcial. Sin embargo, no se ocultó que dadas las características de la economía isleña y de su estacionalidad, es lógico que en esta vigilancia se vaya a dar un peso especial a las actividades que se desarrollan en las zonas turísticas y más enfocadas a dar servicio a los visitantes.
La presidenta balear y el conseller de Trabajo denunciaron que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 ha dado pie a un mercado de trabajo que Francina Armengol calificó de "cruel".
Como ejemplo, se puso de relieve que nueve de cada diez contratos firmados en las islas durante este año son temporales, y que durante los últimos cuatro ejercicios el 70% han sido a tiempo parcial, muchos de ellos por menos de dos horas diarias. Según se indicó, eso da pie a abusos, como el obligar a los empleados a alargar su jornada mucho más de lo pactado, y ello a cambio de salarios extremadamente bajos que han conllevado la aparición de trabajadores que apenas consiguen llegar a final de mes, según se denunció.
Pero un punto sobre el que se hizo hincapié es que aunque en primer término se busque defender los derechos de los trabajadores, también se plantea ayudar a las empresas que actúan de forma correcta para evitar que se vean afectadas por las que vulneran la legalidad y generan una competencia desleal.
Según señalaron los representantes del Govern, es necesario recuperar unas condicionales laborales y unos salarios dignos, por considerar que así se eleva la productividad en las empresas, se mejora la calidad de los servicios que se prestan y se incrementa la competitividad de Balears, impulsando así la salida de la crisis.
De este modo, se da ahora un plazo de unos diez días a las empresas para que regularicen su situación antes de poner en marcha la citada campaña de inspecciones, ya que en caso contrario se corre el riesgo de verse afectado por las correspondientes sanciones, que pueden oscilar de los 600 a los 6.000 euros dependiendo de la gravedad del caso, además de tener que sufrir otras penalizaciones.
Como ejemplo, se recordó que en el caso del fraude en los contratos a tiempo parcial, la empresa se puede ver obligada a pagar el doble del valor de las horas defraudadas más un recargo del 20%.
Respecto al fraude en la contratación temporal, resulta habitual que se pueda proponer a la empresa que convierta en indefinidos a todos estos empleados a cambio de ahorrarse la sanción.
Sanciones más duras
En cualquier caso, el conseller de Trabajo admitió que en su opinión las sanciones fijadas por la normativa estatal son demasiado bajas y deberían revisarse al alza, una tesis compartida por los sindicatos que estuvieron presentes durante la presentación del citado plan y por la patronal PIMEB.
Porque esta iniciativa contó ayer con el respaldo de los principales agentes sociales de las islas, que quedó demostrado con la presencia de los presidentes de CAEB y PIMEM, Carmen Planas y Antoni Mas respectivamente; de la secretaria general de PIMEB, Àngels Marí; y de los secretarios generales de UGT y de CCOO en las islas, Alejandro Texías y Katiana Vicens respectivamente.
Este fue otro punto sobre el que Armengol hizo hincapié: este plan de actuación se adopta tras haber mantenido reuniones con las organizaciones empresariales y sindicales, con el fin de respetar así el compromiso de mantener una línea de diálogo a la hora de gobernar.
Otro de los reconocimientos fue dirigido a los servicios de inspección de trabajo de las islas, cuyos responsables estuvieron presentes en este acto, y a la colaboración que se ha encontrado en el ministerio de Trabajo para desarrollar esta iniciativa con el refuerzo de inspectores antes señalado.
La duración de la campaña de controles con el personal de refuerzo tendrá la duración de seis semanas antes señalada, pero ya se ha advirtió que posteriormente se hará un seguimiento y ya para 2016 se hará una planificación de las inspecciones laborales de Balears que cuente con iniciativas específicas para seguir combatiendo el citado fraude laboral.
Apoyo de los agentes sociales
Tras la presentación del plan, la presidenta de CAEB valoró la iniciativa del Govern por lo que supone de defensa de los derechos de los trabajadores y de apoyo a las empresas que actúan correctamente y que se ven perjudicadas por la competencia desleal.
La secretaria general de PIMEB se sumó a este respaldo y denunció la presencia durante la temporada turística de empresas que tienen una actividad exclusivamente temporal y que en ocasiones no respetan la normativa vigente en detrimento de las que sí lo hacen, de ahí que fuera una de las que reivindicó sanciones más duras.
El secretario general de UGT también abogó por ese endurecimiento de las sanciones y aplaudió al Govern por cumplir su compromiso de combatir la explotación. Su homóloga en CCOO se felicitó por el hecho de que el objetivo de las inspecciones deje de ser el trabajador (en referencia a las campañas contra las personas que realizan alguna actividad mientras reciben una prestación por desempleo) y pase a darse prioridad a los empresarios que explotan a sus plantillas y que realizan una competencia desleal. Además, destacó el efecto disuasorio que esta campaña puede tener.
El diputado de Podem Alberto Jarabo también aplaudió esta campaña y recordó las denuncias que desde esta formación se ha hecho sobre el fraude laboral.
