El Govern pondrá en marcha un plan extraordinario contra la explotación laboral en todos los sectores económicos de Baleares este verano, que comenzará el 17 de agosto y durará seis semanas, y para el que vendrán desde la Península 32 inspectores de trabajo con el fin de reforzar el control.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Trabajo, Comercio y Industria, Iago Negueruela, han presentado hoy este plan extraordinario, que tiene un coste para el Ejecutivo balear de 200.000 euros, en un acto en el que han estado presentes los sindicatos UGT, CCOO, y las patronales CAEB y PIME, que han aplaudido la medida.

"Queremos que haya contratación de calidad", ha afirmado Armengol, que considera esta medida efectiva tanto para los trabajadores, con el fin de que tengan unas condiciones laborales "dignas", como para las empresas "que hacen las cosas bien", para luchar contra "la competencia desleal".

El conseller de Trabajo ha incidido en esta premisa, y ha justificado la necesidad de este plan extraordinario en que 9 de cada 10 empleos que se crean en Baleares son temporales, y el 72 % de los contratos realizados en la pasada legislatura eran de menos de 20 horas.

"Creemos que una economía que crece debe ser una economía que se base en mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y sus salarios para mejorar la competitividad de nuestras empresas", ha apuntado Negueruela.

Ha señalado que las empresas que ofrecen mejores condiciones de trabajo para sus empleados muchas veces se encuentran en situación de desventaja debido a la competencia desleal de otras que solo ofrecen temporalidad y precariedad, lo que les impide competir.

En este sentido, ha abogado por un mercado laboral "que apueste por la calidad del empleo" y que ayude a mejorar esta competitividad.

Según Armengol "cuando hay buenas condiciones laborales siempre hay mejores resultados de productividad", ya que es "inviable" hacer un proyecto de vida digno con contratos laborales de "dos horas diarias o diez horas semanales".

La presidenta ha especificado que si bien el plan que presenta hoy es extraordinario y tiene el fin de paliar en algo la situación precaria actual del mercado balear en una temporada turística récord, la iniciativa tendrá continuidad a lo largo de la legislatura.

Este plan inicial contará con el refuerzo de 32 inspectores de trabajo que vendrán de la Península que apoyarán el trabajo de otros 48 de las islas, y durará seis semanas a partir del 17 de agosto.

El coste económico que asume el Govern será para ofrecer a los inspectores de trabajo que vendrán a las islas los instrumentos necesarios para que puedan desarrollar su trabajo, ha explicado Negueruela.

Los inspectores prevén desarrollar 1.300 actuaciones en todos los sectores económicos de las islas, no solo en hostelería y restauración.

La planificación de las acciones se ha llevado a cabo mediante el cruce de datos, con el fin de llegar a aquellas empresas y sectores que se estima "pueden tener un perfil de fraude más desarrollado", lo que se determina según el número de contratos temporales, ya que la legislación marca unos mínimos y máximos en este sentido.

Los inspectores harán que se cumpla la legislación laboral y podrían imponer multas, de las cuales, las graves van de los 626 a los 6.250 euros, y las muy graves de los 6.251 euros en adelante.

Las actuaciones que se llevarán a cabo en el marco de este plan extraordinario tendrán una evaluación y seguimiento, y es el inicio de una campaña contra la explotación laboral que marcará esta legislatura, ha incidido Negueruela.

Este plan es fruto, ha destacado Armengol, del acuerdo y la coordinación entre instituciones a nivel estatal y autonómico, por lo que ha agradecido de forma especial a la Dirección general de Inspección de Trabajo, y convierte a Baleares en la primera comunidad en poner en marcha este tipo de medidas.

"Creemos que es una forma de hacer política comprometida con la realidad social que padecen los ciudadanos", ha subrayado Armengol, que ha puesto de relieve también el trabajo conjunto entre el Govern, patronales y sindicatos para llegar a este plan, en el marco del "consenso y el diálogo", que será la tónica de su gobierno.