El Govern acusó ayer al Gobierno central de "deslealtad institucional" en relación con el desarrollo normativo de la comunidad autónoma, después de que el ejecutivo nacional también haya presentado un recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Ordenación Minera de Balears, aprobada la pasada legislatura, días después de hacerlo contra la Ley de Comercio.

El portavoz del Govern, Marc Pons, anunció que el ejecutivo balear se personará ante el Constitucional para defender la Ley de Ordenación Minera de Baleares aprobada por el anterior Govern del PP, porque discrepa del recurso planteado por el Gobierno. Pons manifestó que esta discrepancia se suma al otro recurso de inconstitucionalidad por la Ley de Comercio y señaló que ambos deberían poder solucionarse "sentándose en una mesa".

El portavoz recordó que el Govern recién constituido solicitó reuniones bilaterales con el presidente del Gobierno y los ministros de Economía y de Hacienda, pero no obtuvo respuesta. "Estamos a la espera de una respuesta de Rajoy y de los ministros (Cristóbal) Montoro y (Luis) De Guindos para tratar varias cuestiones", indicó. Ante la posibilidad de que Rajoy viaje próximamente a Palma para mantener el habitual despacho con el Rey Felipe VI, Pons señaló que la presidenta del Govern, Francina Armengol, está dispuesta a reunirse con el presidente aprovechando esa circunstancia.

"Nos gustaría que fuera así. Ante la disponibilidad de la presidenta, si el presidente del Gobierno viene, nos agradaría que pudiera haber un encuentro, pero no tengo ninguna información al respecto", detalló Pons. Sobre esta nueva divergencia en relación con la Ley de Ordenación Minera, añadió: "Nosotros perseguimos resolver problemas. Ahora deberá ser el Tribunal Constitucional el que dirima quien tiene razón".

La discrepancia entre el Govern y Madrid radica en que la ley balear establece como uno de los requisitos que los promotores y explotadores tengan disponibilidad del terreno donde quieren desarrollar su actividad. "El Estado cuestiona esta decisión y su suspensión supone que un explotador pueda iniciar el camino de la expropiación de los terrenos para extraer sus recursos mineros", aseveró Pons. El portavoz alertó de que algunos propietarios se pueden ver afectados si llega una multinacional y decide expropiar sus terrenos.

Por otra parte, el senador socialista Francesc Antich presentó una moción en la Cámara Alta instando al Gobierno central que retire el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Comercio que permite más grandes superficies.