El juez José Castro ha imputado, por presunta estafa, al apoderado y al director de una oficina bancaria en Son Gotleu que hizo un préstamo hipotecario de 156.000 euros a una inmigrante africana desempleada, divorciada, madre de seis hijos y sin ningún ingreso fijo para devolver el dinero.
Las pesquisas se derivan de una querella interpuesta por el letrado Juan José Cano de Alarcón en nombre de la africana, que recientemente ha obtenido la nacionalidad española.
El principal sospechoso es el dueño de un bar de Son Gotleu que, durante años, ha compaginado la hostelería con la intermediación inmobiliaria, sin estar legalmente capacitado para esas actividades. El acusado se movía como pez en el agua en Son Gotleu, donde repartía tarjetas y ofrecía asesoramiento en compraventa de inmuebles.
La víctima, clienta del bar desde hacía años, fue captada en 2008 con el engaño de que podía tener un piso en propiedad pagando la misma cantidad destinada al alquiler de la habitación donde vivía con sus: 200 euros al mes. La crisis económica ya había estallado un año antes.
Los estafadores sabían perfectamente que la compradora era una limpiadora que apenas recibía ingresos de los pocos contratos por días que le hacían. Pese a esa situación, el agente inmobiliario pirata contactó con el director de una sucursal bancaria del barrio que se avino a prestar dinero a la africana para comprar la casa.
La cita entre la desempleada y el director tuvo lugar en el bar del intermediario. Allí la mujer fue convencida de que la casa sería suya únicamente con aportar su documento de identidad y se le informó de que ya pagaría el préstamo como pudiera.
La supuesta víctima tenía abierta una cuenta corriente en la sucursal, pero era notorio que los ingresos en ese depósito eran escasos y dispersos en el tiempo, ya que la compradora solo trabajaba cuando le llamaban esporádicamente.
El instructor quiere averiguar si el director del banco fue la persona que captó a la clienta en el bar y si él supervisó el temerario préstamo. El apoderado ha sido imputado porque él acudió a una notaría para firmar el crédito.
La limpiadora no ha podido apenas devolver ni una mensualidad del préstamo (casi 900 euros al mes) y el banco ha intentado ejecutar la hipoteca y sacarla de la casa, un desahucio que se ha paralizado en espera de que se aclare la presunta estafa.
