La fallida promoción de viviendas por parte de la UGT balear no solo va a dejar en la organización una deuda de unos dos millones de euros que puede tardar lustros en pagar, sino que además va a obligar al sindicato a dar un paso que se califica de "muy doloroso", como es presentar una demanda civil contra el que fuera secretario de Organización y administrador de la empresa promotora que se creó, Miguel Angel Carlos. Según reconoció el actual secretario general de la UGT isleña, Alejandro Texías, las irregularidades detectadas en este proyecto son los suficientemente graves como para que se haya optado por exigir responsabilidades que, de momento, se mantendrán en la vía civil y en la reclamación de compensaciones económicas.
Tal y como ha venido informando Diario de Mallorca, la fallida promoción de 60 viviendas protegidas que UGT-Balears realizó en la calle Honderos de Palma -pese a la oposición a este proyecto que mantuvo el secretario general de este sindicato a nivel estatal, Cándido Méndez- terminó en concurso de acreedores y dejando un gravísimo agujero en las finanzas de esta organización.
Ahora se está a la espera de que Endesa otorgue los permisos para la instalación de contadores y poder concluir la construcción de estas viviendas, al quedar pendientes solo unos trabajos mínimos, según indicó Texías. De este modo, se espera que en septiembre u octubre se pueda poner a la venta los pisos de Honderos, a los que hay que sumar las que quedan pendientes en otra promoción más pequeña de la calle Primavera.
Todos los ingresos que se obtengan de estas ventas irán a manos de Targobank, entidad a la que se debe el coste de la construcción del inmueble. El secretario general de UGT no oculta que pese a ello, el sindicato se va a encontrar con un agujero financiero de unos dos millones de euros, que la UGT estatal se limitará a avalar pero que deberán ser pagados por la organización balear a lo largo de muchos años. "Nuestros nietos seguirán pagando esta deuda" se lamenta Texías, que reconoce que esta situación va a hacer que sus finanzas estén vigiladas desde Madrid durante mucho tiempo.
No oculta que ese endeudamiento va a limitar notablemente las actuaciones que UGT podrá llevar a cabo, y que sigue generando graves problemas para su normal funcionamiento en estos momentos, ya que todavía se adeudan a los trabajadores del sindicato entre dos y tres meses de sueldo a causa con los retrasos con los que se están abonando las nóminas. Hay que recordar que esta situación también ha obligado a la UGT a ajustar su plantilla.
Un paso "muy doloroso"
Las irregularidades detectadas en el desarrollo del proyecto de viviendas van a obligar también al sindicato a exigir responsabilidades al que fuera administrador de la empresa creada por UGT y que promovió estos inmuebles (Habitatges i Serveis de les Illes Balears) y secretario de Organización cuando Lorenzo Bravo estaba al frente del sindicato, Miguel Angel Carlos, contra el que se va a presentar una demanda civil, según reconoció Texías, que calificó este paso como "muy doloroso".
Aunque Miguel Angel Carlos achacó el fracaso de la promoción de estas viviendas protegidas a un cambio en la normativa estatal, algo que la investigación concursal ha confirmado, ésta advierte también de que se dieron pasos posteriores que beneficiaron claramente a la empresa que estaba edificando este inmueble (Construcciones Cavi) y que deterioraron de forma muy notable la situación de UGT a la hora de hacer frente al fracaso económico de la promoción.
En concreto, Cavi debía de recibir unos pagos que dependían del éxito sel proyecto, y que fueron sustituidos por el abono de unas cantidades fijas cuando ya se sabía que el mercado inmobiliario estaba en crisis. Ante esta maniobra irregular, los trabajos para concluir las viviendas de la calle Honderos han sido encargados a otra empresa constructora, según admite Alejandro Texías.
Este problema en las cuentas de la UGT explica en parte las dificultades que el sindicato ha tenido hasta hace poco para encontrar a una persona que quisiera ponerse al frente del mismo en Balears, tras la dimisión de Manuel Pelarda cuando apenas llevaba un año en el cargo.
