El Consell de Govern acabó ayer con una de las primeras iniciativas del anterior Govern del PP para arrinconar el catalán. Eliminó que la lengua autóctona de las islas solo fuese un mérito para entrar a trabajar en la administración pública y únicamente lo exigía en los puestos de atención al público. Ayer el Govern, presidido de forma circunstancial por el vicepresidente Barceló en ausencia de la presidenta Armengol, aprobó que el catalán volverá a ser un requisito para ser empleado público en Balears.
Marc Pons, portavoz del Govern, afirmó que el objetivo del Ejecutivo es modificar la Ley de Función Pública, aprobada por Bauzá en 2012, con el objetivo de recuperar el "estatus que perdió la lengua durante el Govern del PP, con el fin de que vuelva a tener presencia en la función pública". Para ello se impulsará un anteproyecto de ley en base a la ley de normalización lingüística de 1989, que reivindica el uso del catalán como símbolo de identidad de la comunidad.
La presidenta Armengol se refirió a este acuerdo ayer en Madrid, tras ser recibida por el Rey. Afirmó que ello supone "la vuelta a la normalidad, porque el Estatut dice que en Balears hay dos lenguas cooficiales y una lengua propia que es el catalán". La jefa del Ejecutivo añadió que es "lógico que los ciudadanos isleños puedan ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas cooficiales".
Hay que tener en cuenta que el hecho de que el catalán sea un requisito para trabajar en la administración fue uno de los primeros acuerdos al que llegaron los tres partidos de la izquierda para formar Govern. En este sentido se enmarca la declaración del pacto titulada 'Del autoritarismo al diálogo' para conseguir una administración pública más próxima al ciudadano.
Por otra parte, el Govern anunció que solicitará la convocatoria de la Comisión General de Comunidades del Senado para intentar frenar el calendario de aplicación de la LOMCE.
Substitución del profesorado
De igual modo, el Consell de Govern también acordó toda una serie de medidas dirigidas a sustituir de forma inmediata al personal docente de baja laboral en los centros educativos públicos. Hasta el momento, la norma que se aplicaba fue dictada por el anterior Govern del PP y contemplaba que las sustituciones se realizasen a partir de los 10 días de baja. "La realidad ha demostrado que en numerosos casos los propios centros educativos no tienen capacidad para cubrir las ausencias sin perjudicar gravemente el derecho a la educación", indicaron desde el Govern.
La propuesta impulsada por la conselleria de Educación y Universidades admite que la dirección general de Personal Docente podrá enviar profesores sustitutos antes de que hayan pasado los 10 días de baja.
Por otra parte, el Govern solicitará a Madrid que la aportación económica a cuenta del Estado sea en base al 100% de la previsión y no en el 98% actual.
