24 de julio de 2015
24.07.2015

El juez Castro investigará una operación iniciada en una cena en Madrid

Matas anunció en una reunión con empresarios que haría un hospital en Son Espases, antes de que Cort iniciase los trámites para buscar la ubicación idónea

24.07.2015 | 01:00
El juez Castro.

La adjudicación a OHL de una obra de 780 millones de euros en Mallorca se diseñó a manteles en Madrid. O eso cuenta el fiscal Horrach, que en su querella documenta una historia que ya adelantó este diario. Ocurrió durante una cena celebrada el 10 de abril de 2002 en un reservado del restaurante Sasha, con Tomeu Beltrán como anfitrión y maestro de ceremonias de una cita con destacados políticos y empresarios entre los comensales. Allí estaba Matas, claro, entonces ministro de Medio Ambiente, que a un año de las urnas informó a los presentes de que sería el candidato del PP a las elecciones autonómicas de 2003. Y dijo más: uno de sus proyectos estrellas sería construir un nuevo hospital en Mallorca, en la zona de Son Espases.

Justo ahí empieza el lío: en aquel momento el Ayuntamiento de Palma (en la cena estaban los concejales de Urbanismo y Medio Ambiente , Rafael Vidal y Juan Bauzá) aún no había empezado siquiera el proceso para elegir los terrenos para ubicar el nuevo hospital.
Pero Matas, ya lo sabía, quizá por ese carácter pretendidamente "divino" que años más tarde le atribuyó en sus escritos más mordaces quien pronto será de nuevo su gran problema, José Castro, el juez de la sala de instrucción penal número 3 de Palma, a la que le toca por turno asumir la querella de Horrach.

Son Espases acabó siendo la finca elegida por el Govern Matas, "no sin antes, por motivos obvios, ser adquiridas absolutamente todas las fincas anexas a Son Espases por grandes compañías constructoras" de Balears, resalta el fiscal Horrach, que enfatiza cómo "se amoldan" "con demasiada frecuencia" objetivos empresariales y políticos que relegan el interés público a la posición de último factor a considerar.

Detalla Horrach que en aquella cena participaron el director general de Carreteras del Govern, Juan Antonio Ramonell, y los empresarios Mateo Sastre, presidente del grupo Ibercón, y David Grande, del grupo Drach.

Entre las cuestiones a averiguar por el juez Castro y el acusador Horrach destaca un hecho al que el fiscal le da especial relevancia: si se pagaron comisiones y sobornos para compensar el amaño del concurso de Son Espases.

El cuñado cobrador

Las sospechas de Horrach se fundamentan (más allá de lo que fue práctica habitual de Matas) en la declaración del exteniente de alcalde de Palma con el PP Javier Rodrigo de Santos, que apuntó en declaración judicial a Fernando Areal, cuñado de Matas y entonces gerente del PP balear, como "cobrador". "En este sentido (...) se han puesto de manifiesto indicios incriminatorios que avalan la utilización de dinero negro por parte de Fernando Areal para el pago de servicios electorales de publicidad", según recoge la querella firmada por el fiscal Anticorrupción.

Horrach alude por ejemplo a la "pantomima urdida para encubrir la fraudulenta adjudicación" de un concurso a la consultora externa que debía evaluar las ofertas de Son Espases (que recayó en la citada Global PM).

La pantomima de la que habla Horrach llega al extremo hilarante de que las tres empresas que simularon concursar plantearon sus ofertas entre el 16 y el 20 de marzo de 2006, cuando el procedimiento de adjudicación no empezó oficialmente hasta dos días después, el 22 de marzo.
"La situación era tan burda, con fechas anteriores a la apertura del procedimiento, que al darse cuenta Juan Sanz (luego presidente de la mesa de contratación) y Jesús Peinado (de Global PM) prescindieron de las propuestas anteriores y solicitaron a otras dos empresas que remitiesen ofertas acordes a lo que ilícitamente se pretendía", explica el fiscal, que tilda los hechos de "absoluta simulación".
Por todo ello, Horrach pide que se impute a Matas, Villar Mir y los otros seis querellados, a los que atribuye delitos de falsedad documental (hasta seis años de prisión), prevaricación(diez años de inhabilitación para empleo púbico), y fraude a la administración (tres años de prisión).

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