El Govern ha acusado hoy el ejecutivo de Mariano Rajoy de incumplir un preacuerdo alcanzado a principio de semana sobre la Ley de Comercio al presentar en el último día de plazo un recurso de inconstitucionalidad pone en riesgo miles de empleos y el equilibrio territorial de las islas.
La directora general de Comercio, Pilar Sansó, que ha comparecido en rueda de prensa junto al conseller de Trabajo, Comercio e Industria, Iago Negueruela, ha relatado que el pasado lunes estaba cerrado un acuerdo con el Ministerio de Economía que admitía las restricciones de tamaño de las grandes superficies de la norma balear respecto a la regulación estatal.
"Entendíamos que se iba a lograr un acuerdo", ha subrayado Negueruela, que considera el recurso de inconstitucionalidad aprobado ayer por el Consejo de Ministros una "agresión injustificada y gratuita", máxime cuando la ley fue aprobada con un amplio consenso político y con el respaldo de patronales y agentes sociales.
"Este Govern no va a permitir una agresión injustificada del Gobierno del señor Rajoy" y se va a dotar de "mecanismos de protección" para evitar los perjuicios que la suspensión de los artículos de la ley recurridos, ha dicho el conseller, que ha eludido avanzar las medidas porque quiere plantearlas primero a los agentes políticos y sociales para formar un frente común.
Negueruela ha recalcado el "profundo malestar" del Govern ante un recurso que, a su juicio, revela el desconocimiento del ejecutivo central respecto a las circunstancias territoriales del archipiélago, ya que trata de imponer para Menorca, Ibiza y Formentera el modelo de gran superficie generalizado en el conjunto de España, donde esta categoría se aplica a partir de 750 metros.
La ley balear cuya suspensión cautelar ha instado el gobierno determina que en Mallorca sí se considerarán las dimensiones generales, mientras que en Menorca e Ibiza se reducen a 400 metros cuadrados y en Formentera a 300.
Además, la regulación insular fijaba un proceso de adjudicación de licencias más restrictivo que la norma estatal, cuya prevalencia defiende el Gobierno con su recurso ante el Constitucional.
Según Negueruela y Sansó, el Gobierno, que instó el pasado enero la apertura de una comisión bilateral para negociar las deferencias de criterio, había admitido las restricciones de la ley balear y el Govern se había avenido a rebajar de cuatro a tres meses para la concesión de licencias y a asumir que la falta de respuesta representara la resolución positiva para el solicitante.
"Se llegó a un acuerdo de todo" que, sin aviso, el ejecutivo central rompió ayer con la presentación del recurso, ha incidido Sansó.
El conseller, que ha pedido por carta una reunión urgente al ministro Luis de Guindos, ya ha mantenido contactos con los presidentes de los consells insulars, los agentes sociales y los grupos políticos, incluido el PP, que confía en que seguirá apoyando la ley recurrida por el Gobierno de su partido.
Se ha mostrado convencido de que, pese a la primacía de la ley estatal una vez se suspenda cautelarmente la autonómica, el Govern conjurará el "peligro grave" que amenaza al comercio del archipiélago y evitará la adjudicación de licencias de grandes comercios.
Ha eludido considerar si la moratoria de grandes superficies contemplada en el pacto de gobernabilidad entre PSIB, Podemos y Més podrá llevarse a cabo con la ley suspendida.
"No sentimos fuertes porque vamos a conseguir un consenso" político y social para defender la normativa recurrida frente a la "grave inseguridad" generada por el Gobierno, ha recalcado Negueruela.
