Un grupo de empleados de la Unión de Trabajadores de la ONCE (UTO-UGT) se concentró ayer ante la delegación del Govern en protesta por la falta de actuación de la Administración Pública contra el juego ilegal. Los sindicalistas exigieron a las autoridades públicas que actúen contra los infractores que venden cupones falsificados en el territorio español y que protejan a los consumidores -que desconocen que son engañados-. Se trata de una imitación exacta que, de ser premiada, no podría ser cobrada por su ilegalidad. El secretario general de UTO-UGT en Balears, Domingo Cabrera, destaca que en Mallorca hay 20 personas que venden este tipo de productos por las calles de la isla haciéndose pasar por trabajadores oficiales. Para prevenir la estafa, el sindicalista aconseja comprar la lotería solo en los establecimientos oficiales de la ONCE.

Miles de ciudadanos son engañados cada día. Un cupón físicamente idéntico al de la ONCE circula de manera ilegal por Balears desde hace varios años. Cabrera explica que un grupo de personas se encargan de realizar impresiones de cupones de la ONCE y los venden como si fueran oficiales por las calles de la isla. Una práctica ilegal que ingresa 260.000 euros anuales. Domingo Cabrera añade que la probabilidad de que toquen esos números es mínima, y aunque tocaran, esos cupones no podrían ser cobrados por su ilegalidad. Un hecho que pone en riesgo tanto a los compradores -que desconocen su ilegalidad-, como a los propios vendedores de la ONCE.

En concreto, en Balears trabajan 600 discapacitados para la ONCE y la mayoría, han reducido sus ventas. Cabrera afirma que en algunos casos han disminuido sus ingresos hasta un 50%. Se trata de una competencia deslegal que afecta a toda la sociedad y que es denunciada por el sindicato de manera reiterada. Cada día 11 del més, la Unión de Trabajadores de la ONCE se concentra ante la delegación del Govern solicitando la urgente intervención de las autoridades públicas. El sindicato, además, ha lanzado la campaña "El juego ilegal NO es un juego" ante las "muy escasas"y "poco rotundas" actuaciones de la Administración. Un hecho que lleva más de 15 años saboteando los cupones oficiales del estado.