La protección por el Parlament y el Govern del área natura de sa Canova de Artà, donde durante años estaba prevista una macrourbanización para 30.000 personas, finalmente solo costará a las arcas públicas 324.000 euros, en vez de los más de 75 millones de euros que reclamaban los impulsores del proyecto. El Tribunal Supremo acaba de poner fin a un pleito que empezó hace 25 años y que en su día hizo correr ríos de tinta y suscitó un reñido debate político-social.
La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia en la que desestima una demanda del Bank Polska Kasa Opieki o Bank Pekao, una de las entidades financieras más antiguas de Polonia. El Bank Pekao es el heredero de Bahía Nova S.A., la promotora que durante décadas luchó para levantar en ese paraje paradisiaco próximo a la Colònia de Sant Pere un complejo de chalés, hoteles, campos de golf, lagos y otras instalaciones.
El banco polaco que se hizo con las acciones de la urbanizadora ha seguido pleiteando sin suerte. Su último cartucho fue una reclamación que ha llegado ante el Tribunal Supremo para arañar algunos intereses a la cifra de 324.000 euros establecida por la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJB) como justa compensación por la desclasificación de sa Canova.
La macrourbanización, donde se llegaron a construir viales y algunas edificaciones y se habilitaron servicios, fue aprobada por la Comisión Provincial de Urbanismo en 1972. Dos años después, sa Canova fue declarada Centro de Interés Turístico Nacional. Eran los años de la balearización.
Ese primer plan parcial no llegó a ejecutarse, pero en 1986 los promotores volvieron a la carga y obtuvieron del Ayuntamiento de Artà la confirmación de que el proyecto seguía siendo viable.
La Ley de Espacios Naturales de 1984 fue un aldabonazo para muchas iniciativas urbanizadoras en las islas que tuvieron que acelerar los trámites para intentar construir hoteles y viviendas antes de que sus terrenos fueran protegidos. En el caso de sa Canova el Parlament incluyó, en septiembre de 1988, el paraje dentro de las áreas naturales de especial interés, lo que dio al traste con los planes de urbanizar la zona.
Antes de la protección, Bahía Nova hizo campañas en prensa para loar las bondades de su proyecto y trató de negociar con el Govern de Gabriel Cañellas la cesión de algunos terrenos a cambio de la luz verde para el núcleo turístico.
Bahía Nova quería edificar 8 hoteles de 150 habitaciones cada uno, un club de tenis, de 40 pistas, un club de hípica y un campo de golf. También estaba previsto un centro cívico, un cuartel para la Guardia Civil, dependencias municipales, bancos y hasta una iglesia.
El complejo también se dividió en parcelas para construir chalés unifamiliares. De hecho, la promotora informó en febrero del 88 que ya había vendido cuarenta solares.
Frustradas las expectativas urbanísticas Bahía Nova inició en 1990 una batalla legal contra el Govern y para reclamar una compensación millonaria por la desclasificación de sa Canova.
La demandante reclamó una indemnización de 75,13 millones de euros, aunque anunció que pediría más dinero por no haber podido construir un campo de golf y por la pérdida de otras 50 hectáreas urbanizables, que dejaron de serlo tras la aprobación definitiva en 1990 del Plan Especial de Protección de sa Canova.
La empresa alegó que había gastado 3 millones de euros por las obras realizadas en la urbanización y los otros 72 millones serían para compensarle del dinero perdido con la protección.
El TSJB y el Supremo rebajaron las ansias de Bahía Nova y establecieron en 1999 que la indemnización no podía superar los 600.000 euros, aunque había que calcularla en ejecución de sentencia. Finalmente la compensación se ha establecido en 324.000 euros, que son lo que cobrará el banco polaco, al haber perdido la última batalla legal.
