Ya casi nadie se acuerda que la creación del jurado popular fue una conquista social, dado que durante años se pidió, sobre todo por operadores jurídicos (jueces, fiscales y abogados) que se cumpliera el mandato constitucional de que la Justicia debía ser impartida por el pueblo. Y por suerte casi nadie lo recuerda porque la figura del jurado popular está a punto de cumplir sus dos décadas de existencia, lo que la ha convertido en una institución judicial más que consolidada.

En estos casi 20 años de existencia, en Balears se han organizado 257 juicios que se han presentado ante un jurado popular. Dado que los delitos que se juzgan son muy limitados, en la mayoría de casos suelen ser asuntos de sangre, es decir, homicidios o asesinatos, aunque también se ha resuelto algún caso de funcionarios imputados por delitos de malversación.

Balears fue una de las comunidades pioneras en impulsar el jurado popular. Los jueces de las islas organizaron dos juicios, sin ningún efecto real, pero que demostraban los beneficios y dificultades de plantear un caso ante un tribunal popular. Ahora estas dudas ya se han disipado. Los jurados suelen ser resolutivos y, aunque no deben tener conocimiento de cuestiones técnicas en derecho, lo que se les pide es que apliquen el sentido común. Es decir, que valoren las pruebas que les presenta la acusación y la defensa, y lleguen a una conclusión de culpable o inocente. Parece fácil, pero a veces no lo es.

El primer juicio con jurado popular que se celebró en Balears lo presidió el juez Juan José López Ortega, que era en ese momento el presidente de la Audiencia. Se juzgó a un ciudadano alemán, residente en Calvià, que había tenido un problema de tráfico con la Guardia Civil. El hombre realizó una insinuación al agente que le estaba sancionando. Le propuso que haría un aportación económica a una fundación de huérfanos de la Guardia Civil, a cambio de que se olvidara de la sanción. El funcionario interpretó este comentario como un intento de sobornarle. Y por ello lo puso en conocimiento del juzgado, que decidió imputar al conductor alemán y llevarlo a juicio. Aunque los hechos parecían claros, sorprendió la interpretación que hizo el jurado. El veredicto fue de inocencia. No se consideró que el ciudadano alemán hubiera intentado sobornar al Guardia Civil.

Incomunicados

En los primeros años los nueve ciudadanos que eran convocados para formar parte de un tribunal popular, mientras se celebraba el juicio, permanecían incomunicados en un hotel, con el coste económico y las molestias que ello ocasionaba. No les dejaban ni siquiera mirar la televisión o leer los periódicos, ni tampoco comunicar con su familia. Se evitaba así cualquier intento de intoxicación. Hubo una ocasión en la que el juicio coincidió con un importante partido de fútbol. El juez comprendió la situación y aunque no era muy aficionado a este deporte, decidió acudir esa noche al hotel y presenciar el encuentro con el jurado. Estos ciudadanos se lo agradecieron.

Ahora la situación es distinta. Solo quedan incomunicados a partir del momento que se reúnen para alcanzar un veredicto. Hasta que no lo hacen público no se les permite tener contacto con el exterior.

Se han producido casos en los que algún jurado, pese a tener muy claro desde el primer momento cuál era su interpretación del caso, ha mostrado dudas porque quería vivir la experiencia de pasar una noche en un hotel junto a sus compañeros. Al día siguiente estas dudas desaparecían.

En Balears también se han producido comportamientos extraños de un jurado. El más significativo fue ante el caso de un asesino confeso, que reconoció ser el autor de una muerte violenta, dos de los integrantes del jurado declararon su inocencia. Por fortuna, se impuso la interpretación de la mayoría, que condenó al acusado por esta muerte.