La nueva renta mínima garantizada (RMG) que PSIB-PSOE, Podemos y Més han pactado implantar en Balears para las personas con menos recursos no entrará en vigor hasta el próximo año.
El conseller de Presidencia, Marc Pons (PSOE), explicó ayer que esta ayuda "empezará en 2016 y se implantará de forma progresiva", por lo que "no quiere decir que ya llegará a todos los solicitantes dentro del año que viene ", matizó. Pons recalcó que aunque es un compromiso del nuevo Ejecutivo, la disponibilidad presupuestaria condicionará esta nueva renta mínima. Por este motivo, el socialista rechazó cuantificar el dinero que destinará el Govern en los próximos presupuestos generales de la Comunidad para sufragar esta partida. "No seria prudente", puntualizó.
Pons hizo estas declaraciones tras anunciar que el consejo de gobierno había aprobado, a propuesta de la conselleria de Servicios Sociales y Cooperación, destinar 4,6 millones de euros a la renta mínima de inserción (RMI), que es la figura vigente en la actualidad. Esta ayuda básica va dirigida a las personas más desfavorecidas y la gestiona el Consell de Mallorca.
Pons recordó que estos 4,6 millones estaban presupuestados por el anterior Govern, de modo que el actual simplemente tramita ahora su pago.
Unos 2.300 beneficiarios
La renta mínima de inserción es una prestación económica que tiene como objetivo garantizar los derechos de los ciudadanos que se encuentran en situación de precariedad económica y cubrir los gastos básicos para la supervivencia. Anualmente, beneficia a unas 2.300 personas, según informó ayer el Govern en un comunicado. La renta persigue la inserción y la integración de las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o inmersas en procesos de exclusión social.
Por otro lado, entre los acuerdos del segundo consejo de gobierno del nuevo Ejecutivo de izquierdas se decidió instar al Gobierno de Mariano Rajoy a poner en marcha la comisión mixta e economía y hacienda Estado-Comunidad Autónoma para tratar la mejora de la financiación. "Esta comisión no se ha reunido en cuatro años, consideramos que no es la mejor manera de funcionar", recriminó Pons al Govern del PP.
El portavoz del Ejecutivo lamentó que el "Gobierno de España ha decidido hacer un camino en soledad", criticando las maniobras del ministro Cristóbal Montoro para conseguir imponer su criterio esta semana en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
En una declaración institucional, el Govern balear "considera un hecho inaplazable la mejora de los ingresos que dotan las arcas públicas de las Islas Baleares, a partir de una redefinición de los caudales de financiación que mantiene con el Estado. Así se desprende del resultado de las elecciones del pasado 24 de mayo, donde una incontestable mayoría social votó opciones de izquierda que defendían en conjunto la finalización de la política de recortes impulsada por los gobiernos de derechas".
Para Pons, "es necesario rehacer puentes" entre los dos Ejecutivos, el central y el autonómico, en aras a dotar a la Comunidad de un Régimen Especial (REB) y proceder al pago de las millonarias inversiones estatutarias.
Este REB "debe reconocer el hecho específico y diferencial de la insularidad, tal como establece la disposición adicional sexta del Estatuto de Autonomía", señala el acuerdo oficial, y reivindica las inversiones estatutarias que dejaron de llegar ya con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
