El Govern derogará los currículos LOMCE de Primaria y Secundaria aprobados por el anterior Ejecutivo del PP y aprobará unos nuevos. Así lo anunció ayer el conseller de Educación y Universidad, Martí March, quien precisó que dicha derogación es "materialmente impsible" que tenga lugar antes de que empiece el próximo curso, en el que por tanto habrá que aplicar la normativa hecha por los 'populares'.

La única manera de poder fulminar rápidamente los currículos elaborados por el PP -documentos elaborados por cada comunidad autónoma partiendo de la ley orgánica para definir las materias, contenidos y criterios de evaluación- sería recurrir a un decreto ley, pero se ha descartado esta opción y el Consell de Govern aprobó ayer revisar la normativa actual, iniciar su proceso de derogación y confeccionar un nuevo despliegue autonómico.

La opción del decreto ley fue defendida por la Assemblea de Docents y también por el sindicato UOB Ensenyament, que ayer criticó que el Govern "actúa al dictado de la Asociación de Directores ADESMA [su presidente, Antoni Morante, es ahora director general] y de UGT".

Un proceso largo

Este camino llevará más tiempo ya que además de constituir grupos de trabajo para redactarlos de nuevo -algo en lo que empezará a trabajar Morante la próxima semana-, después habrá que continuar con el proceso habitual de tramitación, pasando por el Consell Escolar y el Consultiu. El proceso durará por tanto varios meses y es imposible que tenga lugar antes del inicio del próximo curso.

El conseller ha señalado varias veces que su objetivo es garantizar un inicio escolar lo más normal posible y ahora mismo la planificación del próximo curso ya se ha hecho en base a los currículos del PP, con lo que si estos fueron anulados ahora mismo se crearía una situación complicada de gestionar para la Conselleria, los centros y las familias (podrían variar hasta las asignaturas).

Así, la apuesta de Educación es que el despliegue diseñado por el anterior equipo -el de Secundaria y Bachillerato fue aprobado 'in extremis' en el último Consell de Govern de la anterior legislatura- continúe hasta que ellos aprueben unos nuevos, pero buscando minimizar al máximo sus efectos. La dirección general de Planificación, Ordenación y Centros enviará unas instrucciones a los centros educativos en este sentido.

Entre esos efectos cuyo impacto quieren reducir, March reiteró ayer su compromiso para que no haya profesores que se queden sin trabajo por la aplicación de una ley orgánica que, según recordó, "no responde a la voluntad política mayoritaría ahora mismo en nuestro país". El conseller se refería así al hecho de que, tras las elecciones y la pérdida por parte del PP de varios gobiernos autonómicos, la mayoría de comunidades están en contra de LOMCE. Pese a esta realidad, el catedrático recordó que la ley estatal es "de obligado cumplimiento", como también lo es el calendario de aplicación, que fija que el próximo curso la ley Wert ha de aplicarse ya en toda la Primaria, además de en tres cursos de Secundaria y en primero de Bachillerato.

Los nuevos currículos que diseñarán March y su equipo no verían la luz hasta por lo menos mediados del curso y por tanto no podrían entrar en vigor hasta el siguiente periodo académico, pero para entonces, elecciones generales mediante, la situación en la Moncloa también puede haber cambiado y quizás la LOMCE ya haya sido incluso derogada ya que toda la oposición al PP acordó hacerlo.

Enseñanza de lenguas

Respecto a la enseñaza de lenguas, el conseller de Educación apuntó que "una vez enterrado el TIL", quieren que los centros, a partir del Decret de Mínims,puedan realizar proyectos lingüísticos adaptados a su realidad: "Cada centro es un mundo", apuntó March, que en cualquier caso se mostró a favor de la enseñanza de una tercera lengua en las escuelas.