El conseller anunció ayer que acatarán la sentencia del TSJB que ayer confirmó que la asignatura de Religión Católica es de oferta obligada en Bachillerato; un fleco dejado por el anterior equipo de Educación, que tomó la decisión de que cada instituto decidiese si ofertaba la materia o no. Tanto el Obispado como USO recurrieron el decreto y la semana pasada el Tribunal determinó la suspensión cautelar del mismo al vulnerar los acuerdos con la Santa Sede. Ayer una nueva sentencia precisaba que la decisión afectaba únicamente a Religión y no a todo el currículum de Bachillerato.

March anunció que acatarán la sentencia y enviarán las pertinentes instrucciones a los institutos para que corrijan la situación y, aunque indicó no querer entrar a valorar la presencia de esta asignatura en los institutos públicos, sí puntualizó que esta medida afecta a poco más de un centenar de alumnos.

No es este el único asunto pendiente que queda de la anterior legislatura. Hay una convocatoria de huelga indefinida que sigue ahí, aunque esté suspendida temporalmente y en principio no haya ahora intención de reactivarla. Las entidades convocantes, Assemblea, STEI-i y CCOO, explicaron ayer que se les ha prometido una reunión con los comités de huelga para plantear a una hoja de ruta que podría derivar en que el curso empezase ya sin huelga convocada. Biel Caldentey, del STEI-i, quiso recordar que todos los acuerdos deberán pasar por mesa sectorial y ser ratificados allí.

La LOMCE, la nueva ley orgánica de Educación que March definió ayer como "tóxica", es el otro gran caballo de batalla de cara al próximo curso. El conseller recordó que esa una normativa estatal y que no está en su mano derogarla, como tampoco lo está el cambiar el calendario de aplicación que establece que el próximo curso ya se extienda a toda la Primaria y a varios cursos de ESO y de Bachillerato.

Recordó que se han comprometido a intentar que ningún profesor se quede sin trabajo por la aplicación de esta ley (afecta sobre todo a las áreas artísticas) y que han solicitado la convocatoria de una mesa sectorial al nuevo ministro de Educación para tratar este tema, dado el nuevo panorama autonómico que ha quedado tras las elecciones, con una mayoría de comunidades contrarias a la LOMCE. Asimismo, el Govern ha expresado su rechazo institucional a la ley.