César Vicente, director general de Farmacias en el anterior Govern de José Ramón Bauzá, deberá declarar mañana ante el juez por el llamado caso farmacias, una supuesta trama en dicho Ejecutivo para no sacar a concurso 43 farmacias autorizadas. Vicente deberá explicar al magistrado Antoni Garcías las razones que llevaron al Govern del PP a no impulsar la apertura de nuevas boticas, tras una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que limitaba a seis meses el plazo entre la adjudicación y los concursos de méritos.
El caso farmacias nació tras la interposición de dos querellas por el farmacéutico menorquín Cristòfol Pons. Pons, básicamente, imputa al expresident Bauzá, al exconseller de Sanidad Martí Sansaloni y a Vicente el boicotear la apertura de nuevas farmacias en Balears por tener intereses particulares en que no aumente la competencia en ese negocio. Bauzá posee una farmacia en Marratxí, que regenta un sustituto; la madre de Sansaloni, farmacéutico de profesión, tiene otro establecimiento y el exdirector general de Farmacia también es farmacéutico.
El delito concreto que se les atribuye es el de prevaricación por omisión, por no aplicar una sentencia del Tribunal Superior de Justicia que limitó a seis meses el plazo entre la aprobación de nuevas farmacias y su salida a concurso para propiciar su apertura.
César de Vicente es el alto cargo responsable de convocar esos concursos. La Audiencia de Palma sugirió al juez Garcías que lo interrogase antes de tomar una decisión sobre si archivaba el caso o no.
Bauzá será pronto aforado del Tribunal Supremo si toma posesión como senador autonómico.
