La audiencia de Palma ha confirmado que existen indicios más que suficientes para continuar el proceso contra los dos abogados que están acusados de grabar ilegalmente a la infanta Cristina, cuando fue interrogada por el juez Castro por su relación con el caso Nóos. Una grabación que fue expresamente prohibida por el magistrado, precisamente para que no se filtraran las imágenes de la hermana del Rey sentada ante un juez y declarando como imputada. Sin embargo, la orden del juez no se cumplió y desde los bancos donde se sentaban los profesionales que asistían a la declaración se tomaron imágenes y sonido de la declaración, que después se enviaron a un portal de internet para que fueran colgadas en la red. El juez Manuel Penalva, que dirigió la investigación para determinar a los autores de dicha grabación ilegal, llegó a la conclusión de que las imágenes las habían tomado dos de los abogados que habían asistido a la declaración de la mujer de Urdangarin. En concreto se trataba de Francisco Carvajal y María del Carmen Jiménez. En realidad, ni uno ni otro defendía a ningún imputado en el caso Nóos. Asistieron a la declaración en sustitución del polémico abogado Javier Saavedra, que defendía a uno de los imputados.

La conclusión del juez Penalva se basaba en un estudio pericial que realizó un grupo especializado de la Policía, que antes de llegar a la hipótesis definitiva, se estudió la grabación y se comprobó desde qué lugar de la sala de vistas se habían tomado estas imágenes. Los expertos llegaron a la conclusión definitiva que el punto de grabación se situaba en los asientos donde habían estado sentados estos dos abogados, que durante la declaración mostraron una actitud muy sospechosa, según destacaron algunos asistentes a la declaración.

Tanto Carvajal (socio de un importante bufete en Málaga) como Jiménez presentaron un recurso contra la decisión del juez. Ambos sospechosos entendían que la conclusión que defendía el juez era fruto únicamente de su imaginación, que no se sostenía por ninguna prueba. Por ello, solicitaron a la Audiencia que anulara el auto de pase a procedimiento abreviado de la causa por el delito de desobediencia y decretara el archivo definitivo de este caso.

La Audiencia no ha atendido la petición de los dos abogados, que se defienden por separado. Los jueces no entran en el fondo del caso. Se limitan a señalan que este momento procesal no conlleva que se declare la culpabilidad de los acusados, sino únicamente que existen indicios más que suficientes para sentarlos en el banquillo y se puedan defender en un juicio. Por ello, la sala señala que, "en modo alguno" pretende declarar la culpabilidad de los dos abogados, sino únicamente confirmar que la decisión del juez Penalva "no parece arbitraria ni irrazonable, sino motivada y ajusta a derecho".

Pudo ser ella

Precisamente, el juez llegó a la conclusión de que había sido la mujer quien había realizado la grabación, porque se la vio moviendo el abrigo que llevaba y que situó en el respaldo del banco donde se habían sentado los funcionarios. No se ha llegado a descubrir qué tipo de artilugio utilizó para tomar la imagen y grabar el sonido de la declaración de la Infanta. Lo cierto es que este aparato no fue detectado en el control de seguridad que estableció la policía a la entrada del edificio judicial, precisamente para evitar la presencia de algún elemento con el que se pudieran tomar imágenes, dado que el juez Castro lo había prohibido expresamente.

Una vez que la Audiencia ha confirmado que existen indicios contra los dos abogados, la fiscalía presentará el correspondiente escrito de acusación. Después se fijará la fecha del juicio.