El Govern da marcha atrás. No habrá cambio de criterio para elaborar la lista de espera para las residencias especializadas en atender a personas dependientes. Al menos de momento. La decisión llega después de que, como publicaba ayer Diario de Mallorca, los técnicos que gestionan la aplicación de la ley de dependencia avisasen de la situación de desprotección en la que se dejaba a las mil familias que hoy aguardan por ocupar alguna de las 950 plazas públicas (cuando queden libres). Ayer, la consellera de Benestar del Govern Bauzá, Sandra Fernández, recibía a una veintena de trabajadores sociales, que le expusieron las consecuencias del desbarajuste creado con un cambio de criterio que, esencialmente, suponía dejar de tener en cuenta la antigüedad de la dependencia para contemplar primero la gravedad del caso.

La razón de la modificación hay que buscarla en las contradicciones entre la Ley de Dependencia (2006) y una orden de la consellera de Benestar del Pacte, Fina Santiago, en 2010. La ley nacional establece que primero entrarán en las residencias los dependientes del nivel más grave (el tres) y luego los del dos. En caso de que el grado de dependencia sea el mismo, la ley aprobada por el Gobierno Zapatero en 2006 fija las condiciones socioeconómicas de las familias (ingresos y recursos) como criterio para desempatar, dejando en último lugar la antigüedad de la declaración de dependencia. En 2010 Balears, por criterio técnico, cambió eso: se le da prioridad, independientemente del grado, a las dependencias más antiguas, para recompensar así el esfuerzo de familias que durante años mantenían a sus dependientes en casa, antes de recurrir a la plaza pública de residencia o centro de día cuando sus fuerzas o sus recursos se agotaban. Así había funcionado hasta la semana pasada, cuando el Govern, por criterio de la directora técnica de la Fundació Balear d'Atenció a la Dependència (una funcionaria) y con el respaldo del director general responsable del área (cargo político del PP), cambió el criterio para volver al origen de 2006.

¿Problema? En la lista hay mil personas que habían hecho sus planes y cálculos en función a un sistema que llevaba años operativo sin dar mayor problema. El Govern no informó del cambió, como tampoco contó con el criterio de los técnicos. Ayer, tras la publicación de la información y vistas las quejas de los profesionales, el Govern rectificó. Lo confirmaba la propia consellera, Sandra Fernández, que asegura que no había ninguna intencionalidad política de causar quebranto a nadie. Al contrario. Según ella, el cambio se ha intentado meter en un decreto que regula la dependencia, que ha quedado sin aprobar por las muchas alegaciones, que obligan a presentarlo de nuevo. "En él volvíamos a la fórmula de 2006, teniendo en cuenta primero el grado, luego los recursos y finalmente la antigüedad, pero se hacía justo como dicen los técnicos, con un período de transición de seis meses que diera tiempo a todos a adaptarse", explicaba ayer, en tono conciliador, la consellera, que le transmitió la decisión personalmente a los trabajadores sociales que denunciaron el cambio.

"Ahora se paraliza [la modificación de criterio] y va a seguir como hasta ahora hasta que haya un informe que vamos a solicitar a los servicios jurídicos, para que se pronuncien. No había intención política de hacerlo así, sino de ir con máxima cautela. Así se hará, gracias al informe que vamos a pedir el próximo gobierno podrá actuar como desee, pero teniendo una base jurídica", abunda Fernández, que prometió a los trabajadores dedicar sus últimos días en el puesto a solucionar esta y algunas otras cuestiones operativas que le expusieron los técnicos en la reunión de ayer.

Tras el encuentro, los trabajadores expresaban su alivio por la rápida resolución de un conflicto que involucraba a miles de familias con dependientes a su cargo.