El llamado caso Bitácora, relacionado con las irregularidades cometidas en la conselleria de Turismo del Govern, se cerró ayer con penas mínimas. Sanciones que se acordaron entre la fiscalía Anticorrupción y los abogados de la defensa, tras una negociación que ha obligado a los acusados a confesar los hechos y a devolver el dinero. A cambio, la acusación únicamente solicita condenas que, en ningún caso, suponen el ingreso en prisión. En la mayoría de casos se trata de sanciones económicas.

Este caso pivotaba sobre la figura de Francesc Buils, el exconseller de Turismo del Govern del Pacte, que ayer por segunda vez se sentó en el banquillo de los acusados en un caso de corrupción. Buils lleva dos años ingresado en prisión, cumpliendo una pena de tres años por regalar dinero público a un militante de su partido, Unió Mallorquina, a cambio de su apoyo político. Buils podría haber salido ya en libertad, dado que ya ha cumplido la mayor parte de la pena, pero no ha abandonado la cárcel porque aún le quedan pendientes varias causas judiciales, todas ellas por corrupción cometidas en su etapa de conseller.

Francesc Buils se confesó ayer culpable y aceptó la condena de seis meses de prisión que le reclamaba la fiscalía. También aceptó una pena de inhabilitación de nueve años. Se confesó culpable de los delitos de prevaricación y fraude a la administración.

Quien también confesó su culpabilidad fue Miguel Ángel Bonet, exasesor jurídico de la conselleria, quien también arrastra otra condena por corrupción. Cumplirá seis meses de prisión y pagará una multa. Los otros cinco acusados también serán sancionados con una pena de multa. Se trata de María Magdalena Estarellas, Silvia Riera, Cristina Sastre, Micaela Sastre y Baltasar Estarellas. Todos ellos llegaron a un acuerdo con la fiscalía, que antes solicitaba penas muy elevadas de cárcel, tras devolver el dinero presuntamente malversado. El Govern ha recuperado casi 40.000 euros. Gracias a esta aportación económica la fiscalía aceptó que se aplicaran las atenuantes de confesión y reparación del daño. Las sanciones económicas que pagaran los acusados, al margen de esta indemnización, se sitúan entre los 2.000 a 3.000 euros.

Con este acuerdo, Buils y Bonet admiten que beneficiaron con fondos públicos un proyecto con la entidad Bitácora, que encabezaba la novia del asesor jurídico. El objetivo de este acuerdo era la promoción del turismo náutico en Balears. En realidad, el convenio lo que hacía era encubrir un contrato de servicios, un método para saltarse la legislación sobre contratación con las administraciones públicas, ya que así impedía que otras empresas privadas pudieran acceder a este proyecto.

En el escrito de acusación definitivo del fiscal, se cuestiona que este acuerdo con Bitácora se firmara sin que existiera una partida presupuestaria que lo amparara. Aún así, la conselleria de Turismo comprometió un presupuesto de 600.000 euros. Los acusados, en realidad, no se dedicaron, según sostiene Anticorrupción, a la promoción del turismo, sino a lograr beneficios personales, muchas veces camuflados a través de la intervención de familiares. La entidad Bitácora no disponía de solvencia económica para desarrollar este convenio. Sin embargo, se trataba de la empresa de la novia del asesor jurídico de la conselleria. El acuerdo que suscribieron con el Govern les permitió obtener varias pólizas de crédito con una entidad bancaria para tener acceso inmediato al dinero.