En sus últimas horas, el Govern Bauzá ha puesto patas arriba la lista de espera para obtener plaza en una residencia especializada en atención a la dependencia. Según denuncias los técnicos encargados de gestionar la Ley de Dependencia, la semana pasada recibieron instrucciones para dejar de considerar la antigüedad el principal criterio a la hora de establecer quién entra en cada residencia y en qué orden. El resultado es que cientos de familias que habían planificado el cuidado de sus dependientes conforme a unos plazos y un presupuesto tendrán ahora que rehacer las cuentas y encontrar recursos para cuidar de los suyos. Y ni siquiera lo saben, confirman los técnicos, que hablan del desbarajuste con la preocupación de quien se encarga del día a día de millares de depedientes.
El cambio en plena transición de un Govern a otro tiene que ver con los criterios que aplica Balears al configurar su lista. En 2006, el Gobierno Zapatero aprobó la Ley de Dependencia, que incluía un artículo en el que se detallaba que el criterio de entrada en una plaza de residencia sería el grado de dependencia. Así que primero accederían los de grado tres (el más elevado, gran dependencia) y luego los de grado dos (dependencia severa). No obstante, en 2010, la consellera de Asuntos Sociales del Govern del Pacte, Fina Santiago, tras debatirlo con los técnicos que llevan la red de asistencia, decidió aplicar otro criterio. Se aprobó una orden que daba prioridad a los casos de dependencia más antiguos sobre los más graves.
Premiar el esfuerzo familiar
¿Por qué anteponer a los más antiguos, en vez de a los más dependientes? Porque los especialistas consideraron (y siguen considerando) que la Ley de Dependencia promueve que se favorezca en lo posible que el dependiente viva en su entorno familiar. Ponen un ejemplo: si una persona dependiente, con solicitud aprobada en 2007, está siendo atendida en su domicilio durante tres años (con el esfuerzo físico, psicológico y económico que conlleva para toda la familia), y en el 2010 se ven sin fuerzas o recursos para seguir atendiendo a su familiar dependiente y necesitan una plaza de residencia, en Balears se les da prioridad sobre un dependiente de mayor grado que lleve menos tiempo en espera, precisamente para premiar el esfuerzo. "Se creyó que es más justo y genera menos desigualdad. Una familia que lleva años atendiendo a un dependiente de grado dos se ha sacrificado más que alguien de grado tres que entra hoy en el sistema", resumen los propios técnicos.
Pues bien, ese criterio quedó enterrado la semana pasada. Ahora la instrucción es que se de prioridad por niveles, como dice la ley original de 2006. La consecuencia es que cientos de familias verán corregida su posición para acceder a plaza. Y eso les supondrá en muchos casos años de espera que ya no contemplaban. Los propios trabajadores sociales que gestionan el servicio documentan que hay casos reales en los que el cambio supone perder 150 puestos, "y eso son años de espera". Todo porque las necesidades superan con creces los recursos de la red de residencias y centros de día. Según fuentes técnicas, hay de hecho poco más de 950 plazas, todas ocupadas, mientras en cola para entrar aguardan un millar de dependientes.
Ni han informado a las familias
Esa espera supone para muchos un esfuerzo que repercute en los horarios y trabajos de toda la familia, mientras para otros implica el pago mensual de cifras muy elevadas por la atención a su familiar en una residencia privada. De ahí que los técnicos, que ayer se reunieron para analizar qué hacer para detener este cambio "precipitado", exijan reflexión. Recalcan que el criterio puede ser uno u otro, aunque ellos defiendan el actual, pero consideran "una barbaridad" que se modifique el sistema sin contar con el criterio técnico, sin planificar un calendario de implantación con un periodo de transición, y sin informar siquiera a las familias afectadas. El lío lo gestionará el siguiente Govern, que empieza con la lista de espera patas arriba.
