El magistrado José Castro está cada vez más cerca de poder seguir dos años más al frente de su juzgado, y culminar la instrucción del caso Palma Arena, tras activarse en el Senado la reforma legal para aplazar la edad forzosa de jubilación de los jueces, actualmente establecida en los 70 años.
En medios judiciales se da por hecho de que Castro se acogería con agrado a esa reforma, que ha impulsado el Gobierno del Partido Popular.
El veterano magistrado cumplirá 70 años el próximo 21 de diciembre y, si los cambios entran en vigor antes de esa fecha, podrá prorrogar su vida profesional. Con la actual legislación en la mano el juez que ha llevado al banquillo de los acusados a la infanta Cristina tendrá que retirarse obligatoriamente a finales de diciembre.
Castro intentó hace unos meses seguir en su juzgado, pero no como titular sino como juez emérito y en funciones de refuerzo para acabar las pesquisas pendientes del Palma Arena.
Sin embargo, tanto el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) como el Consejo General del Poder Judicial desestimaron la solicitud del juez mallorquín al entender que, con la ley en la mano, solamente pueden seguir como magistrados eméritos aquellos que formen parte de tribunales y no los destinados en los juzgados unipersonales. La decisión correspondía al órgano de gobierno de los jueces, pero el TSJB emitió antes un informe oponiéndose a la solicitud.
Jueces, fiscales y secretarios
La posibilidad de continuar en su juzgado le ha venido a Castro de la mano de una inesperada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, una de las columnas vertebrales de la Justicia española.
El Gobierno ha impulsado una amplia reforma de esta Ley y en el último momento el grupo parlamentario del PP en el Senado ha propiciado la desaparición de los jueces eméritos y su sustitución por el retraso de la jubilación forzosa de los 70 a los 72. El cambio también afectará a fiscales y secretarios.
Hasta ahora, la edad de jubilación forzosa de los jueces se sitúa en los 70 años. A partir de esa edad, solo los que son nombrados eméritos pueden seguir trabajando. El nombramiento como emérito se renueva año a año hasta un máximo de cinco, por lo que, si sale adelante, la medida supondrá la salida de los tribunales de los que tienen entre 73 y 75 años. Los que tienen entre 70 y 72 podrán quedarse si se acogen al retraso voluntario de la jubilación.
Las previsiones son que la nueva LOPJ se apruebe antes del final de esta legislatura (las elecciones generales están previstas para noviembre) y entre en vigor este año.
