El sindicato CSIF ha anunciado que ejercerá la acusación particular contra un grupo de personas que, en la madrugada del pasado martes, agredieron en Palma a un funcionario judicial del servicio de embargos. La víctima, José Luis Pena, ha identificado a uno de los agresores como una persona a la que días antes había desahuciado judicialmente de un inmueble en s´ Arenal.

Pena convalecía ayer en una habitación de la Policlínica Miramar de Palma. A resultas del ataque sufrió la rotura de dos costillas, fisuras en otras dos y contusiones generalizadas.

Según Pena, un hombre de nacionalidad rumana le abordó en el servicio de un local de la calle Cartago de la Playa de Palma, donde él se estaba tomando tranquilamente una cerveza. Los hechos ocurrieron hacia las cinco de la madrugada, pero ese día la víctima no entraba a trabajar hasta las tres de la tarde.

El agresor empezó a empujarle y a acometerle y poco después entraron en el lavabo otros rumanos que le propinaron una gran paliza. "Intenté defenderme y noqueé a dos, pero eran muchos y me dominaron", explicó Pena.

El agredido creyó identificar al primer atacante como una persona a la que había desalojado de un inmueble días antes, pero "los agresores no comentaron nada respecto a ese desahucio o a los motivos del ataque".

Pena, no obstante, sospecha que los golpes fueron "una venganza" por su actuación profesional.

El lesionado llamó a la Policía Nacional, que se personó en el local, pero no detuvo al presunto instigador de la agresión. "Me preguntaron si lo identificaba como el primer agresor y dije que sí, pero entonces me dijeron que debería ir a que me asistiera un médico, después denunciar los hechos y que luego ellos ya actuarían", añade la víctima.

Protección a los funcionarios

El sindicato CSIF de Justicia ha ofrecido a Pena todo su apoyo y le ha prometido que se personará como acusación particular en las diligencias judiciales por la agresión.

El sindicato reclamó un aumento de la seguridad en las sedes judiciales: "vigilantes o funcionarios policiales, señales y alarmas acústicas, arcos de seguridad y escáneres" y "medidas de protección para los funcionarios que desempeñan su trabajo en la calle". Desde el CSIF también se abogó por "evitar identificar al empleado público con nombres y apellidos y que conste únicamente su número profesional" y por "considerar al empleado de las Administraciones como agente de la autoridad pública".