La fiscalía anticorrupción ha solicitado la imputación del expresidente de Unió Mallorquina (UM) Miquel Nadal en el caso Picnic, una supuesta trama de desvío de fondos públicos para captar votos con destino a la desaparecida fuerza política. El juez que investiga este sumario, Antoni Rotger, ha pedido apartarse del caso debido a su amistad con Nadal, que fue compañero suyo en la facultad de Derecho de la UIB.
Picnic estalló en 2011 y tras las primeras detenciones, imputaciones y registros la causa apenas ha tenido actividad en el juzgado de instrucción 8.
Los hechos, según la fiscalía, se remontan a 2007, cuando Cristina Cerdó fue nombrada regidora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma.
Cerdó y varios miembros de su equipo (Catalina Payeras, gerente del Infof, un organismo municipal; Paula Cortés, coordinadora general del área Medioambiental; Enric Molina, director general de Promoción Económica del Infof; y Salvador Maimó, asesor de Medio Ambiente) están acusados de desviar 1,2 millones de euros del Govern y del Ayuntamiento de Palma para financiar una red de acopio de votos y militantes para UM.
Las 'biblias' de UM
El sistema se basaba también en las llamadas biblias, unas encuestas sobre ideología e intención de voto que realizaban en Palma militantes y liberados de UM. Desde el Infof se contrataron a unas inspectoras medioambientales que se habrían dedicado a agasajar a los vecinos más afines a UM con regalos y excursiones gratuitas para garantizarse su voto.
El Grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional y la fiscal interrogaron, como imputados o testigos, a muchos de los miembros de la red electoral de UM. Varios de los declarantes revelaron que los jefes de la organización eran Miquel Nadal, Cristina Cerdó, y el exconseller de Deportes del último Govern del Pacte Mateu Cañellas. Cerdó y Cañellas fueron imputados en el sumario, no así Miquel Nadal, que cumple condena en la cárcel de Palma por otras causas de corrupción.
La sede de UM fue registrada dentro de la operación Picnic y el juez Antoni Rotger exigió al partido una fianza de 1,6 millones de euros al considerar que se había beneficiado con los 1,2 millones de euros de fondos públicos desviados.
El servicio de información medioambiental municipal estaba destinado teóricamente a propagar las ventajas para la isla del reciclaje de pilas y otros residuos contaminantes, pero recuperables. Este departamento (nacido en el seno del Imfof , no era ni una red social en Internet, ni un club para hacer amistades o algo similar. Pese a eso, Cristina Cerdó, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Palma entre 2007 y 2010, "se quejaba constantemente" de que los informadores medioambientales no traían suficientes "amigos" (futuros votantes), según anticorrupción.
Cerdó; el entonces conseller de Deportes del Govern Mateu Cañellas; Paula Cortés, número 2 de la primera en el Ayuntamiento; y Miquel Nadal, el presidente de UM y conseller de Turismo, instaban continuamente a los visitadores del reciclaje a que "hicieran más amigos". Esta inusitada ansia por las relaciones sociales encubría, siempre presuntamente, un doble objetivo: captar nuevos afiliados ("amigos") y reforzar el peso específico de Nadal de cara a sus "enemigos" internos en UM, entre los que se hallaba Mateu Cañellas.
El juez Rotger ya se ha abstenido en otros casos donde aparece implicado Miquel Nadal, con el que forjó una gran amistad en sus años de universitarios.
Estas causas están siendo investigadas por otros magistrados de los juzgados de Vía Alemania.
