La infanta Cristina formalizó ayer el recurso por el que pretende que la Audiencia de Palma le rebaje la cifra de la fianza de responsabilidad civil que le impuso el juez Castro, por valor de 2,7 millones de euros. Un recurso que se presenta precisamente contra la última decisión del magistrado, que la pasada semana decidió rechazar la propuesta de la defensa de la duquesa de Palma, que pretendía que esta medida económica quedara fijada en 449.525 euros.
Los abogados de la Infanta solicitaron al juez instructor que reconsiderara esta decisión porque entendían que la cifra era exagerada. Para convencerle recordaban que la duquesa de Palma, como muestra de su voluntad de colaborar, había depositado en la cuenta del juzgado 587.413 euros, que era el dinero que exigía la fiscalía Anticorrupción por el lucro que había obtenido por la actividad de su marido a través de la empresa Aizoon.
La hermana del Rey se sentará en el banquillo de los acusados como presunta autora de dos delitos fiscales, aunque no como autora, sino como colaboradora necesaria. Una figura delictiva que únicamente apoya la acusación popular que representa el sindicato Manos Limpias, ya que tanto la fiscalía Anticorrupción como la abogacía del Estado mantienen que el delito fiscal cometido a través de Aizoon solo se le puede atribuir a Iñaki Urdangarin y no a su mujer, aunque ambos esposos sean socios a partes iguales de dicha sociedad. Para justificar esta propuesta de modificar la fianza impuesta por el juez, la defensa de la hermana del Rey insistía en que no existía ninguna circunstancia agravante que explicara una cuantía tan elevada.
Esta propuesta de los asesores legales de la duquesa de Palma ha contado con el apoyo del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, que en su contestación señalaba que en ninguno de los delitos fiscales que se han perseguido en los últimos años en Balears, se había aplicado una sanción tan elevada. Señalaba que jamás se había condenado al autor del delito fiscal a pagar seis veces la cifra tributaria que había defraudado. Los jueces se habían limitado a imponerles una sanción que era el doble de la cifra defraudada, pero nunca el sextuplo de dicha cantidad que estaba aplicando al juez Castro. Con este criterio coincidía la abogacía del Estado, que en este caso representa a la Agencia Tributaria, que también entendía que la fianza civil impuesta por el juez era excesivamente alta.
No le convencen
Pero ninguno de los tres escritos que apoyaban esta modificación de la fianza han convencido al juez. El magistrado justificó que este fianza se ajustaba a la sanción económica que reclamaba el sindicato Manos Limpias y que, en efecto, correspondía al séxtuplo de la cantidad tributaria que no se había pagado a Hacienda.
Ante la posibilidad de que se le aplicara una atenuante de reparación del daño, como indicaba la defensa, Castro criticó que la Infanta hubiera consignado medio millón de euros, precisamente cuando tuvo conocimiento de que la fiscalía proponía esta sanción económica a título lucrativo, por aprovecharse de los beneficios que tuvo su marido al cometer los dos delitos fiscales.
El juez, además, aprovechó el auto para criticar las dificultades que había tenido que superar para conseguir que la hermana del Rey se sentara frente a él para responder a unas preguntas. Y en este sentido cuestionaba que nunca se hubiera ofrecido a explicar voluntariamente su versión sobre los hechos que se estaban investigando, y que jamás mostrara el más mínimo reconocimiento de los hechos, ni siquiera como consecuencia de un error.
El juez notifica a Fernando Areal que irá a juicio por delito electoral
El juez Castro notificó ayer al exgerente del PP balear, Fernando Areal, que tendrá que ir a juicio acusado de un presunto delito electoral, cometido en la campaña del partido en las elecciones del año 2007. El magistrado le trasladó el escrito de acusación del fiscal, por el que le pide tres años de cárcel. Además, le ordena que pague una fianza de 20.000 euros en concepto de responsabilidad civil.
