La Unión Progresista de Fiscales (UPF), que el pasado fin de semana celebró su XXX congreso en Palma, reclama la ampliación del delito de financiación ilegal de partidos a los donativos irregulares que se hagan a fundaciones y asociaciones vinculadas a esas fuerzas políticas. Los fiscales progresistas también solicitan que se conviertan en delito el enriquecimiento ilícito y la figura del testaferro lucrativo.
Las conclusiones del congreso se han plasmado en 16 folios donde abundan las fuertes críticas a la corrupción de los partidos políticos y a las reformas "autoritarias, represivas y antisociales" que el Gobierno del PP ha introducido en materia penal y de orden público.
Los fiscales anticorrupción de Balears tuvieron en el foro un papel protagonista al explicar sus experiencias de los últimos años contra las tramas de desvíos de fondos públicos y proponer reformas y cambios para hacer más efectivas las investigaciones.
El próximo 1 de julio el nuevo Código Penal sancionará a los que reciban donaciones o aportaciones ilegales destinadas a un partido político, siempre que sean superiores a 50.000 euros. Las penas para los casos más leves (cuando el donativo no supere el medio millón de euros) serán de multas, mientras que los supuestos más graves tendrán penas de hasta 4 ó 5 años de cárcel.
Equiparación
La UPF entiende que esa regulación no es suficiente, dado que se han omitido a las fundaciones y asociaciones que orbitan alrededor de los partidos. La petición de la asociación profesional progresista es clara: "las fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos deben ser plenamente equiparadas a éstos en los supuestos de financiación ilegal".
Otras prácticas frecuentes en España que no han entrado en el Código Penal son la condonación de créditos por parte de las entidades financieras y la dación de inmuebles a los partidos. Los fiscales reunidos en Palma reivindican que esas acciones sean equiparables a donaciones en los supuestos de financiación ilegal.
Una de las reformas que el PP ha introducido en la Justicia y que está destinada, teóricamente, a agilizar las causas, entre ellas las de corrupción, es la limitación temporal de la instrucción. Desde la UPF se apuesta por una reforma procesal profunda, pero no en el sentido emprendido por el Gobierno.
"Las últimas reformas en curso, imponiendo un plazo para la instrucción o estableciendo un extraño procedimiento por decreto, nos colocarán a los fiscales, como actores principales del proceso penal, con la responsabilidad y sin los medios para impedir el naufragio de este insoportable sistema procesal, que ningún gobierno parece capaz de modificar", sentencia una de las conclusiones.
Criminalización de los pobres
La segunda asociación en implantación en la carrera fiscal afirma que los cambios legislativos auspiciados son "reformas del miedo", por parte del Gobierno de Mariano Rajoy.
"Miedo a los empobrecidos que se refleja en una criminalización de la pobreza", que se traduce en la conversión de las antiguas faltas contra el patrimonio (hurtos) en delitos leves, la reintroducción en el Código Penal del delito contra los manteros (vendedores callejeros de imitaciones) y el mantenimiento del delito de fraude a la Seguridad Social sin ningún límite de cuantía mínima.
También la UPF denuncia "la criminalización de la protesta social con la reforma de los delitos contra el orden público en el Código Penal y con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana". El Gobierno ignora "que una democracia no únicamente se construye mediante una democracia representativa, sino que en una democracia avanzada es imprescindible respetar y garantizar las vías propias de la democracia participativa, entre ellas la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación consagrados en la Constitución".
Por último, se habla de "un miedo a los emigrantes, mediante una criminalización de la emigración". La reforma de la Ley de Extranjería, la tipificación del "delito de hospitalidad" o la posibilidad que contempla el Código Penal de expulsar a extranjeros que hayan sido condenados, aunque estén legales en nuestro país o sean ciudadanos de la Unión Europea.
Las conclusiones de las dos jornadas de reuniones en Palma abarcan otros muchos problemas de la sociedad y facetas del Derecho, como el papel de los fiscales como defensores de los colectivos más desfavorecidos (niños, marginados, emigrantes).
