El juez Castro dio ayer luz verde definitiva a la venta por la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarin del palacete que ambos poseen en Pedralbes, Barcelona. Castro requirió al registro de la propiedad 8 de Barcelona para que levante el embargo que pesa sobre la mitad del inmueble propiedad de Urdangarin.
Debido a los recursos interpuestos por Manos Limpias, acusación popular en el caso Nóos, e Iñaki Urdangarin la venta de la antigua casa torre de Pedralbes tuvo que aplazarse en espera de conocerse el destino del dinero que obtengan los duques de Palma.
El comprador, al parecer una familia española residente en Barcelona y representada por un abogado, ofreció pagar 6,95 millones de euros, pero exigió que la mansión estuviera libre de cargas: la hipoteca con La Caixa y la traba parcial decretada por el juez Castro. El instructor ordenó ese embargo en 2013 para garantizar el pago de las posibles penas económicas que le correspondan al duque de Palma.
Los dueños del palacete de Pedralbes presentaron en el juzgado un plan de venta de su casa: donde detallaban el destino de los casi 7 millones. La mayor parte del dinero se dedicaría a cancelar la hipoteca y al abono de las fianzas civiles de la Infanta y de su marido. Sin embargo, los dos acusados también quisieron emplear parte para liquidar una deuda de Urdangarin con Hacienda y cancelar un producto financiero vinculado al préstamo hipotecario.
Castro no autorizó esos dos últimos pagos y dispuso que todo el dinero limpio de la venta se dedicara a las fianzas, es decir casi 2,7 millones de euros. Finalmente, y tras ser desestimados los dos recursos, las condiciones marcadas por el instructor tendrán que cumplirse.
Opción de compra caducada
El comprador de la finca dio un adelanto de 300.000 euros a los duques de Palma y pactó con ellos que la operación tenía que hacerse antes del 17 de marzo, un plazo que no se ha cumplido.
La opción de compra está caducada y se ignora si la Infanta y su marido han acordado con los compradores un aplazamiento hasta que se levante el embargo judicial.
Castro mandó el 3 de marzo pasado un primer oficio al Registro de la Propiedad 8 de Barcelona para que cancelase el embargo judicial sobre la mitad de la casa de la calle Elisenda de Pinós 11-13, propiedad de los duques de Palma. El juez tomó la medida tras el compromiso, por escrito, de la infanta doña Cristina y su esposo de dedicar el producto neto de la venta de su vivienda, casi 2,7 millones de euros, a cubrir las fianzas millonarias que pesan sobre ambos por el caso Nóos
Sin embargo, el registro no quiso levantar el embargo alegando que las condiciones establecidas por el juez no eran firmes al haber sido recurridas por Manos Limpias y Urdangarin.
La Audiencia desestimó la semana pasada el recurso del duque de Palma, último fleco que quedaba para cerrar la operación. Ayer se levantó el embargo.
