El mismo día en que la portavoz del Govern en funciones, Nuria Riera, se vanagloriaba de que el Ejecutivo del PP no dejará facturas en los cajones, en comparación con el anterior pacto de izquierdas, el Tribunal Superior de Justicia de Balears condenó en sentencia firme al Ejecutivo de José Ramón Bauzá a pagar 140.221 euros a cuatro trabajadores del antiguo albergue juvenil de la Platja de Palma en concepto de despido improcedente. Una sentencia anterior ya obligó al Govern a indemnizar a otros cuatro trabajadores del mismo centro público con un total de 1oo.000 euros más por haber sido despedidos de sus puestos de trabajo sin compensación.

En diciembre de 2012, el Govern balear anunció el cierre del albergue juvenil de la Platja de Palma y el despido de los once empleados que trabajaban en la instalación, debido al "inasumible déficit" de 350.000 euros que arrastraba. La directora del Instituto Balear de la Juventud, María José Frau, se encargó de comunicar esta decisión al comité de empresa del organismo público, dependiente de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades. Ocho de los despedidos trabajaban en el albergue, dos se encontraban en excedencia y el undécimo también trabaja en el alojamiento juvenil pero estaba contratado "por otros organismos".

"Lamentablemente, la actual situación nos obliga a ahorrar gastos a los contribuyentes y optimizar al máximo los recursos disponibles", argumentó María José Frau en aquel momento. Hoy tras las dos sentencias condenatorias de los tribunales, las indemnizaciones que tiene que pagar el Govern casi alcanzan el déficit que en diciembre de 2012 reconocía el albergue.

Casos similares se han ido repitiendo durante toda la legislatura. José Ramón Bauzá se felicitaba en un acto reciente previo a la campaña electoral de que "en 2011 había 181 empresas públicas, y las hemos reducido a 71, con un ahorro de más de 352 millones". Sin embargo, esa política de adelgazar la administración a coste cero no ha conseguido su objetivo. Los tribunales han ido dando la razón paulatinamente a los trabajadores despedidos sin indemnización. Y el Govern ha tenido que pagar un alto precio por un plan más calculado.

En el listado de varapalos judiciales que acumula el Govern existen casos flagrantes, como el de un ingeniero de la conselleria de Medio Ambiente despedido en 2012. El juez condenó al Govern a abonarle 185.000 euros como compensación por los 18 años que llevaba en la empresa pública Abaqua. El empleado en cuestión cumplía los 65 años al cabo de unos meses, por lo que de haber esperado a su jubilación, el Govern se hubiera ahorrado tener que indemnizarle. En el caso de una trabajadora del Ibanat, la indemnización fijada por el juez fue de 63.695 euros por despido también improcedente. A la trabajadora en cuestión solo le faltaban cuatro meses para cumplir los 65 años.