El juez Castro ha dado por concluida la instrucción de otra de las piezas del llamado caso Palma Arena, que afecta a un antiguo alto cargo del Govern Matas. Se trata del exdirector general del Govern, Pepote Ballester, al que imputa un delito de fraude a la administración. El magistrado solicita ahora a la fiscalía, a la abogacía de la Comunidad Autónoma y al Partido Popular para que decidan si van a presentar escrito de acusación contra el exmedallista olímpico o pedirán el sobreseimiento de esta causa que, en este caso, evitaría que Ballester se siente en el banquillo de los acusados. La misma medida la solicita el juez con respecto a los dos propietarios de una empresa constructora, Jaime Navarro y Antonio Matas, que realizaron una obra pública sin haber superado ningún tipo de concurso. Su único mérito había sido construir una vivienda en sa Ràpita para el exdirector general, según se señala en el auto judicial. El magistrado ordena que las tres acusaciones se pronuncien en un plazo máximo de diez días.

Mientras Pepote Ballester, que fue designado por Jaume Matas, ocupó este cargo como máximo responsable de la política deportiva de Balears, negoció la construcción de una segunda residencia. Contrató en el año 2005 el diseño de su nueva vivienda a un arquitecto, que encargaba las obras de construcción a la empresa de Alaró, denominada Obres i Reformes Illes. Esta empresa se había visto beneficiada por los encargos de unos contratos menores, sobre todo para realizar obras de mejora en las instalaciones del Polideportivo Príncipes de España.

Según menciona el juez Castro, los dos constructores realizaron mejoras en el aljibe de la instalación deportiva. También construyeron, al mismo tiempo que levantaban la vivienda de Ballester en sa Ràpita, un almacén en el polideportivo y una caseta para situar los motores, el agua y el sistema eléctrico.

El auto judicial detalla que uno de los dos socios de esta empresa constructora se enteró, a través del director general de Deportes, que la administración tenía previsto realizar un importante proyecto de mejora de las instalaciones del polideportivo de Palma. Un proyecto que disponía de un presupuesto para estas obras de 80.185 euros. Se trataba de construir un nuevo almacén, que después se reconvirtió en unos nuevos vestuarios para los deportistas.

A pesar de la cuantía del proyecto y de la necesidad de convocar un concurso público para adjudicar dicha obra, el encargo se concedió directamente a estos dos constructores de Alaró. La única gestión que tuvieron que hacer es presentar un presupuesto oficial, que la dirección general de Deportes aceptó sin "más preámbulo ni competitividad". Una vez aprobada la propuesta económica se ordenó el inicio de las obras.

Cuando explotó el caso Palma Arena se investigó la posibilidad de que Pepote Ballester se hubiera aprovechado del uso de fondos públicos para financiar la construcción de su residencia de verano. Sin embargo, esta línea de investigación se cerró al no hallar ninguna prueba que pudiera confirmar dichas sospechas. Ballester, en cualquier caso, mantuvo desde el principio que la casa la construyó con su propio dinero, sin desviar ni un solo euro público.

Pepote Ballester es uno en estos momentos uno de los más destacados colaboradores de la fiscalía. Al estar implicado en varias piezas del caso Palma Arena y ante la posibilidad de poder terminar en la cárcel, el exdirector general se mostró dispuesto a colaborar con los investigadores. Los detalles que facilitó fueron claves para que se iniciara la investigación del caso Nóos, en el que él también se sentará en el banquillo de los acusados.