­La postura inicial de Podemos de no formar parte de un Govern presidido por la líder socialista, Francina Armengol, podría verse modificada al final de las negociaciones entre este partido, PSOE y Més si así lo decide su Asamblea Ciudadana, según admitió ayer la número dos de Podemos en Balears, Laura Camargo, al acabar la segunda jornada de negociaciones para llegar a un acuerdo de gobernabilidad. Al ser preguntada por si Podemos de Balears tendría autonomía respecto a la dirección nacional del partido para adoptar sus propias decisiones en lo que se refiere a la formación del Govern, Camargo respondió afirmativamente y aseguró que "el secretario general estatal de Podemos (Pablo Iglesias) será respetuoso con los acuerdos hechos" en las autonomías.

Horas antes, Iglesias había reiterado que su partido no entraría en gobiernos autonómicos que estuvieran presididos por un socialista, como Armengol en el caso de Balears, aunque podría darle su apoyo parlamentario si se pactan medidas de "rescate ciudadano" y contra la corrupción, a la vez que resaltaba que el nivel de entendimiento con Més es "muy bueno".

Los representantes de PSOE, Podemos y Més siguieron concretando ayer cuestiones en las que sus programas son coincidentes, relativas al paquete de "rescate ciudadano", transparencia y financiación de Balears, aparcando aquellos puntos en los que existen más divergencias, como la ecotasa. Sin embargo, la negociación sobre las propuestas programáticas tardó en arrancar a causa precisamente de las posturas respecto a quién ocupará la presidencia del Govern. Aunque los tres partidos habían acordado dejar la discursión sobre los cargos para la fase final de las negociaciones, Podemos plasmó entre los primeros puntos de su documento su rechazo a entrar en un Ejecutivo presidido por el PSOE. Esto hizo que la reunión comenzara con reproches, con Més ejerciendo de intermediario.

Barceló, Martí, Santiago y Abril, de Més, a su llegada a la reunión. MANU MIELNIEZUK

Las tensiones quedaron después en evidencia en la rueda de prensa que ofrecieron los representantes de los tres partidos para informar sobre los acuerdos que cerraron durante la jornada de ayer. Ante la insistencia de los periodistas respecto a qué sentido tenía que Podemos estuviera negociando un programa de Govern cuando contemplaba la posibilidad de no integrarse en el Ejecutivo, Camargo se remitió al documento programático de su partido afirmando que se trata de un "punto de partida" para la negociación, que fue aprobado por el Consejo Ciudadano del partido en Balears, y que los cambios sobre este documento deberán ser aprobados por la Asamblea Ciudadana, incluyendo la posible revisión del veto a la presidencia para el PSOE.

"Vamos a no poner palos en la rueda, ahora no estamos contemplando ese escenario" insistió Camargo refiriéndose a que la cuestión de la presidencia del Govern "se hablará en su momento". Añadió que es pronto para "hablar de reparto de sillas y cargos", que será un asunto a tratar si los tres partidos cierran un acuerdo sobre el programa y llegan por lo tanto "a la segunda fase de las negociaciones".

Marc Pons, del PSOE, mostró su "respeto hacia las posiciones que tengan cada fuerza política y se limitó a afirmar que el PSOE "trabaja para que pueda haber un acuerdo de gobierno de diferentes posiciones políticas". Fue Fina Santiago, de Més, la que zanjó el asunto con una advertencia a PSOE y Podemos: "Sería una irresponsabilidad no llegar a un acuerdo por este tema (el de la presidencia del Govern) y los ciudadanos no nos lo perdonarían".

Con estas palabras finalizó la rueda de prensa, que Camargo había intentado que acabara antes molesta por la insistencia en las preguntas sobre la postura de Podemos respecto a sus condiciones para integrarse en el futuro Govern. Fina Santiago incidió en que "el acuerdo político es posible" a la vista de los avances sobre "políticas concretas" que se están produciendo en las negociaciones. No obstante, estos avances se producen a costa de dejar aparcados para el final las cuestiones en las que las coincidencias programáticas son menores.

Huertas, Camargo y Bachiller, de Podemos, entran en el Parlament. MANU MIELNIEZUK

Así, durante la mañana de ayer concretaron que la renta garantizada para personas en situación de pobreza, que aprobará el futuro Govern del pacto, se situará entre los 500 y 600 euros mensuales por persona lo que, según sus cálculos, tendría un coste total de entre 50 y 60 millones de euros. Nel Martí (Més), Pilar Costa (PSOE) y Camargo recordaron que, según el informe Foessa, entre el 28 y el 30% de la población se encontraría en riesgo de pobreza en Balears, lo que según sus cálculos se traduciría en unas 115.000 personas.

Horas después, Santiago aclaró que la renta mínima garantizada no se dirigiría a todas estas personas sino a los casos más extremos. Recordó que el citado informe puede contemplar en situación de pobreza a una familia con tres miembros y unos ingresos de 600 euros, caso en el que no podrían acceder a la renta mínima garantizada. Añadió que la finalidad es "cubrir las necesidades" básicas garantizando que todo ciudadano dispondrá de este mínimo, por lo que esta renta se traduciría en cada caso en la cantidad necesaria. La medida se comenzará a aplicar de inmediato si la situación presupuestaria que deje el Govern del PP lo permite y, en caso contrario, en el primer trimestre de 2016.

Asimismo, dentro del bloque del apartado de "rescate ciudadano, los tres partidos se comprometieron a devolver de inmediato la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, a luchar contra los desahucios con distintas iniciativas y a aprobar un plan de lucha contra la pobreza que incluiría el rescate energético o más becas para comedores.

Tras este paquete de medidas, abordaron la financiación autonómica y las medidas de "transparencia y democracia". Sobre este último aspecto, acordaron entre otras medidas eliminar el nivel 33 al que acceden los funcionarios que ocupen un cargo político institucional, suprimir los aforamientos de los diputados y modificar el Reglamento del Parlament para garantizar un mayor control al Govern por parte de la oposición y facilitar la participación ciudadana.

En cuanto a financiación autonómica, el socialista Marc Pons explicó que un equipo de expertos "técnicos" definirán un nuevo modelo basado en "el principio de ordinalidad", es decir, que las autonomías que más aportan, como Balears, no pierdan posiciones en financiación per cápita tras su aportación a la solidaridad interterritorial.