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Educación

La Defensora del Menor reclama un protocolo contra el acoso escolar

Ha detectado que algunos centros educativos no saben cómo actuar ante el 'bullying' y que las familias no siempre encuentran el apoyo esperado

La Defensora del Menor reclama un protocolo contra el acoso escolar

La Defensora del Menor reclama un protocolo contra el acoso escolar

¿Qué falla en la detección de los casos de acoso escolar? ¿Cómo actuar para evitar llegar a trágicos desenlaces, como el de la joven madrileña que hace dos semanas se suicidó por ser víctima de bullying? La Oficina de Defensa de los Derechos del Menor (ODDM), que dirige María Garrido Pascual, ha detectado varias carencias y aspectos a mejorar para prevenir e intervenir en estas situaciones en Balears. Destaca por ejemplo la falta de un protocolo unificado de atención a los menores y a las familias.

Así lo indica el equipo de Garrido en la memoria de actuaciones de 2014, en la que, a partir de las consultas y quejas recibidas sobre el acoso este año, concluye que algunos centros no saben qué criterios hay que seguir ante una situación de este tipo o no conocen los programas y recursos ofrecidos por la Administración, como por ejemplo, el Institut per a la Convivència i l'Èxit Escolar (Convivèxit), un servicio "bien valorado por las familias afectadas". La Oficina también ha percibido que a los niños afectados "no se les escucha como necesitan" y que las familias "no siempre encuentran el apoyo esperado por parte del centro" o "han de esperar tiempo antes de ser atendidos por el departamento de Inspección de la conselleria de Educación".

Revisar los procedimientos

Ante estas conclusiones, la Oficina recomienda revisar los procedimientos de observación, valoración e intervención que utilizan los centros "al detectar el sufrimiento de un alumno por la actuación de sus compañeros", con una supervisión adecuada por parte de Inspección y la asesoría del Convivèxit. También se aconseja desarrollar un "protocolo específico" que tenga en cuenta la incidencia a través de las redes sociales y las nuevas formación de difusión de la información a través de internet; así como impulsar el trabajo en red y una buena coordinación en el seguimiento de los casos (entre entidades como la escuela, el centro de Salud o los Servicios Sociales; y también con las familias).

Es difícil saber con exactitud cuántos casos de acoso escolar se dan en Balears cada año (cabe recordar que el silencio alrededor de estas situaciones es parte del problema), aunque hay estudios que aseguran que afecta a uno de cada cuatro menores en nuestro país. La última memoria disponible de Convivèxit refleja que el curso 2013-2014 se atendieron 29 solicitudes de actuación por bullying. El 2012-2013 la cifra había llegado hasta 179. Por su parte, la ODDM recoge en su memoria del pasado año que el teléfono de atención ANAR atendió 138 llamadas relacionadas con el acoso escolar.

Esta Oficina llevó a cabo en 2014 un total de 365 actuaciones, lo que representa un incremento del 20% respecto a 2013, algo que se atribuye "a una mayor difusión del servicio". El 41% de esas actuaciones se limitaron a consultas o a quejas que se resolvieron sin necesidad de llegar a abrir un expediente. En total, la ODDM abrió 214 expedientes el pasado año, de los cuales el 23% aún no han sido cerrados.

Integración y protección

La integración social y la protección jurídica de los menores representan el 38% de las actuaciones de la Oficina: la mayoría han sido consultas y peticiones de asesoría, pero en este apartado también se incluyen 23 "situaciones de riesgo" y cinco casos de menores desaparecidos.

Un 22% de las situaciones analizadas (105) han hecho referencia a la educación y cultura de los menores, lo que ha implicado un descenso respecto a 2013, año de auge del conflicto educativo y de la huelga indefinida en nuestra comunidad, cuando se atendieron 148 peticiones relacionadas con la enseñanza.

El informe anual de la ODDM también recoge las carencias y fallos detectados en la prevención y actuación ante los casos de maltrato y abuso infantil y juvenil.

Así por ejemplo se critica el tiempo de espera para valorar las situaciones de presunto maltrato cuando los menores llegan a las Unidades de Valoración de Abuso Sexual Infantil (UVASI) si no son considerados urgentes. También se cree susceptible de mejora la atención, "con la sensibilidad adecuada a los menores y sus familias en el momento en se presenta una situación de sospecha de maltrato", en especial en los casos de abuso sexual.

Se señala además que la duración del estudio de la situación personal y familiar de la posible víctima provoca una falta de consideración en el interés superior del menor que recoge la Convención de los derechos de los niños. En este apartado de carencias y aspectos a mejorar, se menciona la formación de los profesionales (de atención primaria, centros de salud y educativos...) sobre los derechos de los menores y los indicadores de riesgo. Se apunta que podría ser más eficaz la comunicación y coordinación entre los agentes y se lamenta el desconocimiento de las escuelas sobre qué hacer con un menor ante el aviso de un posible maltrato.

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