Un juzgado de Palma ha embargado una propiedad rústica a Maria Antònia Munar, expresidenta de Unió Mallorquina, para cubrir con ella el posible perjuicio económico sufrido por el Consell de Mallorca en un caso de corrupción. La expolítica, que se encuentra desde hace casi tres años en prisión, será en breve juzgada por tercera vez en el denominado caso Cilma. Un juicio en el que se acusa a Munar de desviar fondos públicos a Cilma, la empresa informática del Consell, que en realidad sirvió para financiar la contratación de afiliados o afines de Unió Mallorquina, para que trabajaran para el partido mientras recibían un sueldo público.
El juzgado ha rastreado el patrimonio personal, no solo de Munar, sino de los otros quince acusados, para cubrir la cifra de 436.752 euros, cantidad que corresponde al perjuicio económico padecido por la empresa informática pública. En el caso de la expresidenta, el juzgado ha procedido a embargar una finca rústica, situada en la localidad de Costitx, que tiene un valor de 45.334 euros. Ella es la única propietaria de esta finca, que dispone de una construcción de 159 metros cuadrados, más otros 4.100 metros de suelo. Su calificación urbanística es de rústica. El juzgado le requiere para que en seis días presente la escritura de la compra de dicho inmueble para que quede anotado el embargo provisional. También debe identificar el registro de la propiedad en el que se inscribió la finca y aclarar si sobre la misma pesa algún tipo de carga.
Munar forma parte de la antigua cúpula de UM que será juzgada por este nuevo caso de corrupción, en el que se la acusa de otorgar tres subvenciones públicas a la empresa Cilma, teóricamente para financiar proyectos informáticos, pero en realidad el dinero se invirtió en la contratación de personal próximo a UM.
Los empleados, aunque teóricamente debían trabajar para la empresa informática, en realidad se dedicaron a labores a favor del partido, sobre todo para encontrar a nuevos votantes. Además de Munar, el juzgado ha actuado contra otros destacados políticos de UM, como son Francesc Buils, Miguel Ángel Flaquer, Miquel Nadal, Eugenia Cañellas, María José Rodríguez, Josep Lliteras , Coloma Castañer, Antoni Moragues, Mateo Cañellas o Catalina Julve, entre otros. El juzgado les requirió el pasado mes de octubre que, de forma solidaria, hicieran frente a una fianza de responsabilidad civil de 436.752. Salvo Flaquer, ninguno de los otros acusados presentó dicha fianza. Esta situación obligó al juzgado a buscar las propiedades o cuentas bancarias a nombre de los acusados. La mayoría de estos bienes intervenidos son viviendas a nombre de los acusados.
