Las defensas del caso Peaje, una supuesta trama de corrupción en torno a la ampliación de la carretera de Palma a Manacor, rechazan que se hayan desviado fondos públicos en estas obras y en su explotación hasta el 2042, como sostienen la fiscalía anticorrupción y el Consell de Mallorca, titular de la vía y financiadora de los trabajos. Los acusados alegan que la institución insular adeudaba en 2011 a la concesionaria más de 79,3 millones de euros, mucho más que los casi 42 millones de perjuicios que la primera reclama por sobrecostes.
El caso Peaje ha de ser juzgado por un jurado popular en la Audiencia. La causa entraña una enorme complejidad dado el elevado número de acusados (13) y los hechos investigados: una maraña de sobornos por parte de la UTE concesionaria de la autovía (Pamasa) a la cúpula de Carreteras del Consell de Mallorca con Unió Mallorquina y un descalabro millonario para el Consell (42 millones de euros) derivado del inflado de costes de las obras.
Veinte millones de euros
La Administración ha pedido que la concesionaria sea declarada responsable civil subsidiaria de los delitos que se atribuyen a la antigua cúpula de Carreteras, a los mandos de la UTE que construyó en 2004 la autovía de Palma a Manacor, así como a subcontratas de ésta y empresarios vecinos de la vía.
Según la acusación particular, los acusados provocaron a la institución unos perjuicios de casi 20 millones de euros por ingresos indebidos de la UTE. El Consell solicita que Pamasa responda también de esos 20 millones de euros
La Administración, con base en un informe de un economista del departamento de Urbanismo y Territorio, postula que la UTE debe cobrar menos por la explotación y mantenimiento de la carretera a Manacor. Por eso se insta a la Audiencia a que corrija el canon anual que el Consell paga a Pamasa rebajándolo en un 24,77% a partir del actual año. Por el contrario, Pamasa pide, en la jurisdicción contencioso-administrativa, que ese canon suba un 37,75%. La autovía a Manacor se construyó por el sistema del peaje en la sombra, lo que supuso que el Consell abonó a la concesionaria en los primeros años unas cantidades fijas y luego un canon trimestral calculado según el tráfico de la vía.
Las defensas argumentan que en 2011, y según un informe pericial encargado por ellas, la concesionaria no había recuperado ni la mitad del dinero invertido en las obras, o "dicho de otro modo el Consell no ha pagado a la concesionaria lo que ésta lleva gastado".
Los abogados no se ponen de acuerdo en la cifra exacta de lo invertido por la concesionaria, pero oscila entre los 146 y los 157 millones de euros. Este dinero habría sido adelantado por la unión de empresas mediante recursos propios o financiación exterior, por lo que no se puede hablar de fondos públicos, argumentan los acusados.
De acuerdo con la empresa "las cantidades entregadas hasta día de hoy por el Consell se han destinado incuestionablemente al contrato de la concesión, quedando pendiente de pago 79,3 millones de euros respecto a lo que ya ha gastado la concesionaria, esto es muy superior a los 41,9 millones de euros" que reclama la institución insular.
La conclusión es la siguiente: "no puede hablarse del delito de malversación de caudales públicos cuando aun no se ha pagado ni lo estipulado por contrato y cuando todo el dinero obtenido desde el Consell se ha dedicado exclusivamente a la construcción de la carretera". La causa se haya pendiente de calificación por la fiscalía y las defensas.
