Virginia López Negrete, abogada del sindicato Manos Limpias, no está dispuesta a ceder ni un milímetro en su cruzada contra la infanta Cristina, para la que ha vuelto a reclamar, en un escrito dirigido al juez Castro, la imposición de la pena máxima por dos delitos fiscales. López Negrete se opone a rebajar la fianza civil para la duquesa de Palma y sostiene que los "hechos probados" por el juez de instrucción son muy graves y por eso merecen la condena mayor.

Castro, que únicamente sigue siendo competente de la pieza de responsabilidad civil del caso Nóos, decidirá en los próximos días si rebaja de 2,7 millones de euros a 449.000 euros la fianza para la Infanta, dinero destinado a cubrir las posibles penas económicas. La reducción de la fianza ha sido solicitada por los abogados de Cristina de Borbón y es apoyada por la fiscalía anticorrupción.

Manos Limpias imputa a la Infanta dos delitos fiscales por ayudar a su esposo a defraudar a Hacienda en sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008. La acusación popular pide para Cristina de Borbón 8 años de cárcel y multas de más de dos millones de euros, seis veces más que la cantidad supuestamente defraudada.

Aplicando la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez fijó la fianza añadiendo un tercio a la cantidad solicitada como multa por la acusación, con lo que se llegó a los casi 2,7 millones.

Pero los abogados de la duquesa de Palma ven "sobradas razones" para que el punto de partida de la fianza no sean 2.022.862 euros si no 337.144, que se corresponderían con la cantidad presuntamente defraudada por Urdangarin en el IRPF, y que se incrementarían hasta los 449.524, al añadir el tercio previsto por ley.

Sostienen que Manos Limpias "no fundamentó en absoluto" las razones por las que solicitaba para la Infanta la pena máxima prevista en el artículo 305 del Código Penal, cuando al mismo tiempo consideró que no concurría agravante alguna. Además, la multa en la que se basa la petición de fianza es improcedente porque creen que podría aplicarse la atenuante de reparación del daño.

López Negrete replica que la discusión sobre si la pena para la Infanta es elevada se deberá plantear en el juicio. Para la abogada, los hechos que se atribuyen a la duquesa de Palma han quedado "probados" durante la instrucción, lo que justifica la petición de la condena más alta. La acusación rechaza que existan atenuantes y argumenta que tampoco es necesaria la aplicación de alguna agravante para imponer 8 años.