El documento de Pacto Social por la Educación, texto que se pretende que sea la base para un futuro pacto político, fue presentado ayer en sociedad; un texto al que finalmente los sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública no se han sumado.

La presentación fue un momento importante de este proceso que la plataforma Illes per un Pacte arrancó en octubre del año pasado. En esta plataforma han estado trabajando una treintena de entidades de las diferentes islas, como Menorca Edu21, Assemblea de Docents, Pitiüses per l'Acord Educatiu, confederación de asociaciones de padres COAPA o Cercle per l'Educació (que engloba a inspectores, directores, la UIB, Escola Catòlica, USO, FSIE, ANPE...). El objetivo "no es hacer pequeños cambios sino una renovación profunda del sistema educativo; un cambio de paradigma".

Los impulsores quitaron ayer importancia a la ausencia de los principales sindicatos de la red pública, razonaron que "es un cambio de paradigma difícil de asumir" y señalaron que confían en que UOB y Alternativa se sumarán al estar también la Assemblea. Indicaron además que el proceso está abierto para que cualquier entidad pueda adherirse cuando quiera. Entre las que ya se han sumado están las patronales (AFEDECO, CAEB, PIMEM y PIMECO) y la Xarxa per a la Inclusió Social-EAPN. Ahora presentarán el documento a los partidos políticos con la intención de que lo asuman e incluyan en sus programas. ¿Se persigue una futura ley de educación como la que anunció el president Bauzá? "Es una opción más", apuntó Jaume Ribas, presidente de COAPA. Guillem Barceló, portavoz de la Assemblea, apuntó que ellos han preferido "empezar haciendo el trabajo en vez de empezar prometiendo".

El texto parte de la realidad aportada por los trabajadores que pisan cada día los centros y también por los expertos y persigue un sistema educativo estable; que la educación sea un auténtico servicio público basado en la calidad y la equidad; que el sistema ofrezca una participación democrática y se adecúe a los cambios sociales y tecnológicos. El documento hace mucho hincapié en la necesidad de dar más autonomía organizativa y pedagógica a los centros, complementada con una cultura de la evaluación y "rendir cuentas".

En cuanto a materia lingüística, "un punto esencial pero no único", la propuesta final del pacto es que el catalán sea la lengua vehicular y que cada centro haga su proyecto lingüístico en base a la realidad y los resultados de sus alumnos, persiguiendo que acaben la etapa dominando las dos lenguas oficiales y con buen manejo del inglés.