Tres directores de institutos de Maó que fueron suspendidos por el Govern en el período de turbulencias por la aplicación del TIL (Tratamiento Integrado de Lenguas) se querellaron ayer contra Guillem Estarellas, exsecretario de la conselleria de Educación y Cultura, por supuesta prevaricación en la tramitación de sus expedientes disciplinarios. Los querellantes también imputan el mismo delito a Bartolomé Isern, director general de Recursos Humanos de la conselleria, y a José Ramón Mestre, el inspector de educación que tramitó el expediente contra ellos, sin perjuicio de ampliar las acusaciones a otros responsables de la conselleria.
Jaume Bonet, Rafel Andreu y Margalida Seguí, comparecieron en los juzgados de Vía Alemania para presentar su querella y explicar los motivos de la misma.
Seguí hizo de portavoz de los afectados y manifestó que la acción penal es una cosa meditada y fundamentada, no fruto de un arrebato y busca que un caso similar no se repita nunca contra ningún profesor, director de centro o funcionario.
De hecho ellos fueron expedientados el 31 de julio del 2013 y no fueron exonerados de culpa hasta el pasado 2 de octubre, cuando ser archivaron los procedimientos por no ser los hechos constitutivos de falta alguna.
"Hemos pasado estos meses reflexionando sobre lo ocurrido, asesorándonos legalmente y recopilando pruebas para sustentar la querella, entre ellas un amplio dossier de prensa y una copiosa prueba testifical y documental" , explicó la directora del IES Joan Ramis i Ramis de Maó.
Carácter político
La querellante añadió que los expedientes tuvieron un claro "cáracter político" y fueron notificados por el Govern antes a la prensa que a los afectados "en un claro intento de de intimidar al resto de directores".
La querella tilda el proceso disciplinario de "arbitrario e injusto" y enumera una serie de irregularidades que darían pie a la prevaricación.
Los expedientes se abrieron 24 horas después de que los consejos escolares y comisiones de coordinación pedagógica de los institutos tomaran decisiones respecto a la aplicación del TIL.
"Van a ser incoados sin informes ni actas de ningún inspector ni sin reclamar información o documentación a los centros", apuntan los querellantes.
Primero se les imputó una falta muy grave de desobediencia a un superior y se decretó su suspensión de funciones y sueldo durante tres meses. "Pasado un tiempo, en lugar de cerrar los expedientes al ver que no había ninguna conducta sancionable, el instructor cambió los hechos y la calificación de la falta, al mismo tiempo que alargaba la suspensión de funciones directivas vinculando a la resolución del expediente", prosigue el relato.
Otras anomalías incluidas en la denuncia fue el parón de los expedientes durante 7 meses, período en el que el Govern del PP mantuvo que el procedimiento administrativo seguía su cauce normal.
"Finalmente la nueva consellera de Educación, Núria Riera, archivó los expedientes el 2 de octubre por falta de tipificación de la conducta de los directores, una vez probado que no se podía derivar responsabilidad disciplinaria y tras haber transcurrido 14 meses".
La querella acusa a los querellados de no respetar la presunción de inocencia de los tres directores de instituto menorquines.
