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Entrevista

Diego Gómez-Reino: "Somos muy celosos en casos como el de Nóos para evitar que el juicio pueda anularse"

El magistrado Diego Gómez-Reino posa en el patio de la Audiencia, que ahora preside. Guillem Bosch

Procede de familia de juristas y por sus manos han pasado grandes casos de corrupción de Balears como el de Can Domenge o el caso Andratx, además de formar parte de la sala de la Audiencia Provincial que decidió que la infanta Cristina debía sentarse en el banquillo. Diego Gómez-Reino (La Coruña, 1962) ingresó en la carrera judicial en 1991 y en 1994 ya era magistrado destinado al juzgado de lo penal de Eivissa. De ahí pasaría a Palma y en 2005 entró en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Balears, que preside desde junio de 2013. Miembro de la progresista Jueces para la Democracia y experto en blanqueo y fraude fiscal, el pasado 26 de marzo el Consejo General del Poder Judicial lo eligió presidente de la Audiencia.

-He leído de usted que es un gallego extrovertido, nadador y progresista.

-Soy gallego, aunque también muy mallorquín. Creo que nos parecemos bastante en cosas como que a veces somos poco claros y no queremos comprometernos mucho, aunque ese no es mi caso. Soy nadador, por familia y por afición. Y progresista, también. Creo que a cierta edad todos somos progresistas. Cuando eres joven eres más radical. Conforme te haces mayor eres más tolerante y comprensivo.

-¿Identifica progresismo con mayor tolerancia?

-Sí, claro. Y con mayor sensibilidad.

-¿Eso se traslada a su trabajo como juez?

-Claro. El derecho no es más que regular jurídicamente las situaciones extrajurídicas. Los jueces lo que tenemos que hacer es aplicar las normas en función de las circunstancias. Por ejemplo, no son lo mismo determinadas conductas penales en un territorio donde se cometen con asiduidad que en otro donde son hechos aislados.

-¿Balears sería un territorio en el que la corrupción se comete con asiduidad?

-Lo que ha ocurrido, y creo que se ha hecho muy bien, es que los asuntos de corrupción se han tramitado en piezas. Por eso da la impresión de que hay mayor número de casos. En un primer momento se cuestionó esta separación porque a las defensas les interesa que haya confusión, ya que de alguna manera complica y dificulta el conocimiento del asunto. Para la administración de los procedimientos, para el enjuiciamiento, es mucho mejor el troceamiento. Ha facilitado muchas condenas y también posteriores conformidades. En este sentido Balears es un referente, porque esa separación ha permitido el enjuiciamiento de muchos asuntos.

-Uno de sus retos inmediatos como presidente de la Audiencia será el de organizar el juicio por el caso Nóos. ¿Sabe ya como lo solucionará?

-Va a ser muy complejo. El magistrado ponente al que le corresponda tendrá que examinar la prueba, lo que exige un tiempo. Hay que tener en cuenta además que la sala empieza desde cero. Algo que no está previsto en la ley pero debería es que, cuando se trata de un asunto complejo, las partes deberían hacer un cálculo aproximado al tribunal de lo que ellos, en su opinión, pueden entender que puede durar o necesitar el proceso. Además, antes del juicio el tribunal puede decir, una vez estudiado el asunto, que hay cuestiones previas y hacer una vista preliminar para resolverlas. A ello se suma, desde un punto de vista defensivo, el que los abogados no sacan todas sus cartas de entrada y siempre dejan cuestiones de último momento para la sala. Hay que tener en cuenta que en la Audiencia provincial somos muy celosos porque tenemos que evitar a toda costa que el juicio pueda ser anulado.

-¿Existe este temor?

-En esos juicios hay un cuerpo a cuerpo. Es así. A veces las herramientas que tiene un juez no son muchas y sobre todo teme que con una determinada decisión, aunque tenga la total seguridad en lo que hace, pueda haber otro tribunal, el de casación, que lo vea de manera distinta y anule todo el proceso. Hay que atinar mucho para que el proceso se desarrolle muy bien, con las debidas garantías a fin de que el Supremo no diga que ha habido un déficit y que hay que repetirlo, con todo el coste económico, personal y, por supuesto, de imagen que supone.

-¿Cuándo calcula que podrá comenzar el juicio?

-Es algo que tendrá que verlo el presidente de la sala. Aún no sabemos cuando nos va a llegar, pero calculando que pueda tardar un mes más, nos situaríamos a finales de mayo. El ponente necesitará unos dos meses para examinar la prueba. A partir de septiembre se podría hacer un señalamiento y tal vez a final de año podría celebrarse una vista preliminar. El juicio quizá podría comenzar a principios de 2016, pero no me atrevo a decirlo con seguridad. Una vez que empiece, podría durar entre tres y cuatro meses."El juicio del caso Nóos durará tres o cuatro meses. Podría celebrarse a principios de 2016, pero aún no se sabe"

-¿Tiene ya una idea de dónde se podrá celebrar?

-En el edificio de la Audiencia están previstas algunas obras y si coinciden con el juicio sería inviable hacerlo ahí. En principio, los escenarios serían o el edificio de la Audiencia o algo ajeno a las dependencias judiciales. Por ejemplo, en el polígono de Son Rossinyol se habilitó para el caso Kabul una sala, en una dependencia de la conselleria de Medio Ambiente. Obviamente Balears necesita una inversión en infraestructuras, aunque cuando se hacen inversiones no se suele prever una sala en condiciones para casos de tal relevancia.

-¿Decidir que la infanta Cristina debía sentarse en el banquillo ha sido el caso más complicado sobre el que ha tenido que pronunciarse?

-Yo creo que sí. Delicado porque quieres acertar. Lo que escribas lo va a leer todo el mundo, dentro y fuera del país. Y además probablemente hagas lo que hagas no gustará a nadie. Nosotros no juzgamos a las personas, sino unos hechos determinados y cuanto más técnico seas, mejor. Además, la verdad judicial no es la verdad al cien por cien, es una verdad en función del material probatorio, que a veces no llega a sus últimas consecuencias. Las conductas éticas o morales no las podemos enjuiciar. A veces se quiere trasladar a los tribunales problemas de tipo moral o de ética civil que en el ámbito político pueden producir un reproche. Aunque sean conductas que penalmente no tienen trascendencia no quiere decir que en el ámbito ético no lo merecieran."Separar en piezas los casos de corrupción ha permitido enjuiciar muchos. En eso Balears es un referente"

-¿Está muy judicializada la política?

-Se recurre mucho a ésto, no solo aquí sino en todos los países. Quizá lo reprochable es que a veces se parapetan en la cuestión judicial para no examinar de verdad si el hecho que se denuncia es cierto o no. Si hay una denuncia, aunque haya un procedimiento judicial, debería comprobarse internamente por parte de la administración o el partido si efectivamente ha podido haber algún tipo de disfunción que puede que no tenga trascendencia dese el punto de vista penal, pero sí del funcionamiento interno. Ese parámetro se elude y a la opinión pública, al margen de que sea una cuestión que esté o no en el Código Penal, lo que le interesa es saber si eso que se denuncia es o no verdad. Es decir, la verdad real, no la verdad judicial. Es algo que a mí personalmente me desanima un poco.

-¿Por qué?

-Porque se pretenden trasladar las responsabilidades políticas a las judiciales y se genera una expectativa de un proceso penal que a lo mejor produce un desánimo en la sociedad, ya que no siempre se trata de un hecho criminal. Pero que no sea un hecho criminal no quiere decir que desde el punto de vista político o administrativo no debería merecer un reproche. No se depura internamente si es o no cierto. Esa labor que es democrática por desgracia no está. No se trata de dar la imagen de que somos muy transparentes, sino de que si hay una denuncia se debe comprobar."Un país que no invierte en formación y educación de sus ciudadanos acaba invirtiendo en código penal y cárceles"

-¿Qué opina de la conocida como Ley Mordaza?

-Todo lo que sea una restricción de los derechos fundamentales no me parece bien. Sí es cierto que en este país la policía administrativa no funciona. Me refiero a la posibilidad que tiene la administración a través de la policía de imponer sanciones. Lo que no puede ser es que al señor sin licencia que vende fruta en la playa lo quieras condenar de entrada. Al final se hace así porque la policía administrativa -la administración- no funciona, y como no funciona se penaliza. Por otro lado un país que no invierte en formación y educación de sus ciudadanos, acaba invirtiendo en Codigo Penal y en cárceles. Esto es lo que me preocupa. En este caso me llama la atención que ante determinado tipo de conductas con las que la administración debería tener una potestad sancionadora más efectiva para evitar que se penalicen, lo que se pretende es sancionar derechos fundamentales. Los de reunión y de manifestación han sido un poco restringidos.

-¿Está de acuerdo con limitar el tiempo de las instrucciones?

-No me parece mal la limitación de las instrucciones siempre y cuando se acompañe de medios personales y materiales. Lo que es cierto es que hoy en día la investigación se repite tres veces. La policía investiga, el juez instructor instruye e investiga y luego eso se vuelve a repetir en la Audiencia o en el juzgado de lo penal. También hay que tener en cuenta que nuestro sistema legal priva de validez a las manifestaciones que puedan hacer testigos a la policía. Esto no es un problema de plazos. A mí los plazos me parecen muy bien siempre y cuando haya mecanismos y una ley procesal eficaz. Además hacen falta profesionales que ayuden al juez.

-¿Qué tipo de profesionales?

-Mire por ejemplo lo ocurrido con (Rodrigo) Rato. El juez no tiene un cuerpo de inspectores de tributos que dependan funcional y orgánicamente de él. Mientras no sea así, siempre habrá sospechas de interferencia del poder político o de la administración.

-Como experto en casos de blanqueo de capitales y fraude fiscal. ¿Qué opina de este caso que afecta al exministro?

-Me pareció llamativo que los medios de comunicación estuvieran al corriente de la operación de su detención. No con Rato, sino con todos los ciudadanos, me parece lamentable este tipo de cosas. La investigación y los registros han de hacerse siempre con el mayor sigilo para proteger la imagen del afectado y su presunción de inocencia. Dicho esto, una vez que la Agencia Tributaria tiene conocimiento de determinados hechos, tiene la obligación de comunicarlo a la Fiscalía. A partir de ahí, la investigación de los delitos fiscales o el blanqueo de capitales debería de pasar a una unidad de inspectores de tributos que dependiera exclusivamente del juez. Al fin y al cabo la Agencia Tributaria depende de la administración y el servicio antiblanqueo lo mismo. Esto también ocurre con la policía. Hay unidades de policía judicial, pero los policías, que son los que investigan realmente sobre el terreno, no dependen orgánica y funcionalmente de los jueces. Por lo tanto esas dudas puede ocurrir lo mismo con los casos de corrupción. Hay muchas reformas pendientes.

-¿Por ejemplo?

-Deberíamos tener claro un modelo de Justicia, de proceso penal, de fiscal, de juez. Sobre esto no ha habido un debate serio y son cosas sobre las que los partidos deberían ponerse de acuerdo porque afectan a los derechos fundamentales de todos. No veo que haya intención de abordar una reforma así desde el consenso necesario.

-Antes me ha dicho que el caso Nóos ha sido el más delicado que había tenido entre las manos. ¿Y el más difícil?

-Los casos más difíciles siempre son los primeros que llevas. Lo que tiene Nóos es la relevancia de los personajes, por eso es complejo, pero todos los casos son difíciles. Además el derecho penal esta lleno de matices y los delitos de corrupción son muy complicados. Lo más complicado es tal vez la confusión que a veces se quiere trasladar de que se trata de irregularidades administrativas. También está el argumento manido de que quizá la decisión no fuera correcta pero no hubo malversación de fondos. Y normalmente siempre se responsabiliza a cargos intermedios. A eso se añade el que en el ámbito administrativo solo pueden acudir a discutir la adjudicación de un contrato los que hubieran estado interesados en esa contratación. Por eso en muchos ocasiones, por miedo a que a lo mejor no te adjudiquen después una contratación administrativa, no se han denunciado determinados casos en el ámbito administrativo. Eso ha derivado en que la mayor parte de casos de corrupción acaben en el ámbito penal.

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