El Col·legi Oficial de Dentistes de Balears ha denunciado un aumento de las reclamaciones de pacientes por tratamientos no satisfactorios realizados en clínicas franquiciadas, establecimientos que han duplicado en 2014 las quejas presentadas por los usuarios ante la institución colegial frente al ejercicio anterior y que han acaparado cuatro de cada diez reclamaciones formalizadas el pasado ejercicio.

Así, frente a las 15 quejas que recibieron este tipo de clínicas en 2013, el año pasado se registraron un total de 28, casi el doble. Del total de las 75 reclamaciones presentadas el pasado año, 43 correspondieron a clínicas privadas tradicionales, 28 a las citadas franquicias y 4 por prestaciones no satisfactorias dadas por compañías de seguros, según datos del Col·legi de Dentistes.

Pese a que porcentualmente el número de quejas presentadas contras las clínicas convencionales es mayor que contra las franquicias (57,3% frente al 37,3%), también es cierto que de las 463 clínicas dentales que funcionan en las islas tan solo 10 son franquicias empresariales. Otro dato facilitado por el Col·legi es que, a 31 de diciembre pasado, en las islas había 699 dentistas ejerciendo.

Los principales motivos esgrimidos en las reclamaciones presentadas son por tratamientos de ortodoncia o rehabilitaciones protésicas, generalmente con implantes. Las quejas también apuntan a tratamientos innecesarios, incumplimientos de garantías, publicidades que generan confusión o cupones de descuento.

Guillem Roser, presidente de los dentistas de Balears, lamentó que la proliferación de estas franquicias esté provocando un cambio acelerado del patrón profesional del dentista en las islas. "Tenemos un aumento desmesurado de estas clínicas propiedad de empresarios en las que prima la consecución de beneficios usando para ello si es necesario publicidad llamativa y, en ocasiones, engañosa. Acabo de recibir una que publicita un plan especial de implantes para jubilados... ¡desde cero euros! ¿Quién se puede creer eso?", se preguntaba Roser.

"Son clínicas empresariales que basan su modelo en ofrecer al paciente los tratamientos más rentables para el negocio, no para el usuario. Entre otras cosas, hablo de extracciones desmesuradas para colocaciones exageradas de implantes que, además, luego dan mal resultado", se desahogó el presidente colegial, que también deploró que en estas franquicias quien planifique, organice y programe los tratamientos sean los comerciales y no los odontólogos: "Al fin y al cabo son comerciales que ofrecen tratamientos innecesarios adornados además con ofertas gancho".

Sobre los motivos por los que los dentistas que trabajan en estas franquicias no ponen coto a estas prácticas, Roser matizó a que a los especialistas les aseguran que el paciente está informado y ha dado su consentimiento. "Además estamos hablando de tratamientos largos en los que el paciente, debido a la rotación laboral que hay en estos negocios, pasa generalmente por las manos de dos dentistas", diferencia el presidente.

Financiación externa

Otro de los motivos de queja contra estas franquicias es que ofrecen la posibilidad de pagar estos tratamientos, muy costosos, a través de financieras externas, entidades que les siguen reclamando el pago de las cuotas de la cantidad financiada pese a que el cliente no haya quedado satisfecho con el tratamiento o haya denunciado a la clínica.

Sobre cómo puede actuar el Col·legi ante estos abusos, Roser se mostró pesimista ya que, dijo, solo cabe una intervención por parte de la Administración o informar a la opinión pública sobre estas prácticas.

"Tenemos un servicio de conciliación en el colegio pero, al ser un acto voluntario, no podemos obligar a nadie y estas clínicas no responden a nuestros requerimientos. Dónde sí podemos actuar es contra la mala praxis de los dentistas que trabajen en ellas y ya hemos multado a varios y descolegiado a otros por causas graves. Una vez adoptada esta medida, se comunica al Consejo General y el odontólogo sancionado no puede volver a ejercer en el país", concluyó Guillem Roser.