El pleno del Consell de Mallorca aprobó ayer con los únicos votos del PP el pago de 790.000 euros con informes contrarios de la interventora general de la institución. Se trata de trabajos encargados que la alta funcionaria considera que o no están bien justificados o no se ha seguido el procedimiento adecuado de contratación. En la sesión de la institución insular también se acordó el trasladado a Mallorca de 12.000 toneladas de basura procedentes de Menorca para su incineración.

Los consellers del PP, con su voto favorable, asumen toda la responsabilidad de hacer efectivos los pagos de estos 790.000 euros, ya que la interventora general, Elena Montejo, ha emitido informes de discrepancia contra el abono de esta importante cantidad. El PSOE votó en contra y Més se abstuvo.

Se trata de reconocimientos extrajudiciales de duda de facturas que no contaban con partida presupuestaria o que fueron entregadas una vez cerrado el ejercicio contable.

El área de Cultura y Deportes presenta 180.000 euros que la intervención ha presentado informe de discrepancia al pago de partidas de patrimonio histórico, de promoción deportiva y gastos de los polideportivos. Asimismo aparecen otros 180.000 euros de la conselleria insular de Presidencia correspondientes a la Diada de Mallorca, gastos de relaciones institucionales, de Raixa y publicidad, entre otros.

Del departamento de Medio Ambiente figuran dos partidas, una de 113.898 euros y otro de 112.972 euros, que corresponden a gastos realizados en las fincas públicas, del servicio de caza y viajes de los alcaldes de la Serra de Tramuntana a Escocia y Grecia para conocer el desarrollo de un programa europeo de rutas de senderismo. Otros 141.909 euros pertenecen a gastos no contabilizados del Institut de l'Esport Hípic. El resto de facturas son de otros departamentos del Consell y se remontan de 2011 a 2014.

Margalida Roig, consellera insular de Hacienda, explicó que "se trata de trabajos donde está perfectamente acreditado que se han realizado y se deben pagar a las empresas. Algunos de los pagos pertenecen a la anterior legislatura y lo que hacemos nosotros es utilizar este procedimiento para liquidar la deuda". Alguna de las pegas que pone la Intervención General del Consell es la tramitación del gasto. En varios supuestos considera que se deberían tramitar como una subvención y no como una factura ordinaria. Desde el Consell argumentan que no pueden conceder subvenciones nominativas y abrir un proceso para otorgar estas ayudas resultaría muy farragoso.

Desde el PSOE, la consellera Rosario Sánchez, indicó que su formación votó en contra, ya que "en los tiempos que estamos se hace difícil aprobar gastos con los informes contrarios". Joan Font (Més) aseveró que su voto fue de abstención: "Son facturas de trabajos que se han realizado y las empresas que han prestado el servicio deben cobrar. Por este motivo nosotros hemos optado por la abstención".

En cualquier caso, la interventora Elena Montejo, en sus informes de discrepancia, argumenta: "No se justifica suficientemente ningún gasto, no se informa sobre las garantías que procede a la causa del gasto, no se justifica que las unidades adquiridas son las estrictamente necesarias y no se acredita que los precios aplicados son los correctos y adecuados al mercado o que se hayan aplicado cuadros de precios aprobados". Todos estos argumentos hacen que el informe de la alta funcionaria sea emitido con "discrepancias" al procedimiento de tramitación. Ello obliga a los políticos, mediante el máximo órgano que es el pleno, a asumir toda la responsabilidad y aprobar los pagos calificados como reconocimiento extrajudicial de deuda.

Por otra parte, el Consell de Menorca presentó a última hora de la mañana de ayer una solicitud donde pide al Consell de Mallorca que se haga cargo de 12.000 toneladas de basura del vertedero del Milà. El Plan de Residuos del Consell de Mallorca contempla que en caso de urgencia, la incineradora de Son Reus pueda procesar los residuos de las otras islas. Catalina Soler indicó que Menorca sufragará el transporte en barco y hasta la planta de Son Reus. Además, pagará 131,5 euros por tonelada, el mismo precio que se cobra a los ayuntamientos de Mallorca.

Los grupos de la oposición entienden que es una medida de urgencia y se abstuvieron en la votación. Soler aclaró que no se trata de basura procesada, como la que ha venido procedente de Italia o de Cataluña, lo que ocurre es que Menorca cuenta con un proceso de selección muy apurado y aquí llegarán, básicamente, restos orgánicos.

El pleno del Consell también aprobó dejar sin efecto la declaración de BIC del monasterio de la Real en cumplimiento de una sentencia que ordenó esta paralización al entender que el procedimiento había caducado. La sentencia judicial viene a raíz de sendos recursos interpuestos por los Misioneros y los vecinos de la Real. Pretendían que la declaración fuera de conjunto arquitectónico.