El constructor Antonio Pinal, imputado en la investigación de la presunta financiación irregular del PP balear, se ha acogido esta tarde a su derecho a no declarar en su comparecencia ante el juez José Castro en los juzgados de Palma.
El magistrado que instruye el caso Palma Arena citó a Pinal a declarar después de que el extesorero del PP nacional Luis Bárcenas contara que el empresario pontevedrés había financiado la reforma de la sede del PP de Palma, así como la compra de la del País Vasco, si bien desligó esa aportación de adjudicaciones públicas a sus empresas.
También el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma Javier Rodrigo de Santos se refirió a dicho pago por parte del constructor.
El exedil contó además al juez que le presentaron a Pinal como damnificado por no haber resultado adjudicatario de la reforma del barrio de Sa Gerreria y que entendió que se le debía algo, aunque no tenía constancia directa de que se le compensara mediante obras públicas por el pago de la sede.
La Agencia Tributaria ha remitido un informe al juez en el que recoge que dos empresas de Pinal cobraron 27,2 millones de euros del Govern autonómico entre 2004 y 2007, cuando era presidente balear Jaume Matas.
Además el ejecutivo ha remitido a Castro información sobre otras adjudicaciones millonarias a uniones temporales de empresas de las que formaban parte sociedades de Pinal, como el concurso para construir la estación intermodal y soterrar las vías del tren en Palma, y otro para construir y mantener la sede de la Conselleria de Salud en el Camí de Jesús.
